Código Político: Blindaje cultural

El tiempo prácticamente se ha agotado para proceder a su firma, pues este sábado 24 de enero inició el proceso electoral, al abrirse el periodo para que los partidos políticos registren a sus precandidatos a diputados federales.

Y justamente es fecha en que nueves estados y el Distrito Federal aún no firman el acuerdo.

Entre estas entidades, lamentablemente se encuentra Querétaro, que acompaña en la lista a Coahuila, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Jalisco, Tabasco y el ya mencionado Distrito Federal.

En todas estas entidades, a excepción de Coahuila, habrá elecciones concurrentes; esto es, que se “empalman” los comicios federales con los locales, lo que agrava la situación, pues quiere decir que no existen garantías de que se evitarán desvíos de recursos públicos en el ámbito estatal.

*Idea protectora

La Secretaría de la Función Pública (SFP), desde que era encabezada por el hoy Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez Cázeres, planteó la creación del “blindaje electoral” con la intención de que el gobierno federal garantizara, por sí mismo, que durante el proceso electoral de este año, todos los recursos públicos y programas sociales se administran de forma transparente, sin fines político-electorales.

La SFP establece con puntualidad que “al hablar de ‘blindaje electoral’ estamos hablando de lo que el gobierno federal hace para evitar que cualquier servidor público, de manera consciente o sin saberlo, haga uso indebido de su puesto, sus funciones, su tiempo o sus recursos para beneficiar o perjudicar a los actores políticos que están participando en procesos electorales”.

Dicho en otras palabras, el acuerdo promueve la puesta en práctica de principios como la legalidad, pero también el de la imparcialidad, la honestidad, la responsabilidad, así como el de la transparencia y la ética pública.

Con la firma de los convenios con cada una de las entidades federativas, se pretende que tales principios (o valores), sean asumidos por los gobiernos locales y, por consecuencia, aplicados.

Esto implica, entonces, que el comportamiento de los gobiernos y de sus empleados -desde los titulares del Poder Ejecutivo hasta el de más reciente contratación- debe de guiarse estrictamente por lo establecido en las leyes vigentes.

Ese es, sin embargo, el punto de partida pero no lo es todo. El “blindaje electoral”, como un programa extraordinario, reclama de esfuerzos extraordinarios. Ese es el meollo del asunto.

Para que funcione este pacto, es necesarísimo que los gobernantes asuman conscientemente que no deben de realizar acciones que si bien pueden ser legales, pudieran afectar aspectos como la imparcialidad, la honestidad o la transparencia.

*Planes gubernamentales

Es en estos aspectos en donde habrá de mostrarse la voluntad política de los gobiernos vigentes.

Específicamente habremos de referirnos a los locales; al estatal que encabeza Francisco Garrido Patrón, pero también a los municipales.

Hablamos abiertamente de los alcaldes surgidos del PAN (como Manuel González Valle o Jorge Rivadeneyra Díaz) del PRI (como Abelardo Antonio Ledesma Fragoso o Martín Vega Vega) del PRD (Noé Zárraga y Mariano Palacios) o de Convergencia, como Martín Jiménez Ramos.

El tema no involucra a gobernantes de un solo partido político. Su valía radica justamente ahí, en ser un plan con el que se pretende se concreten dos cuestiones fundamentales.

Una, el asegurarse de que ningún servidor público se aprovechará de su puesto para beneficiar o perjudicar a quienes participan como actores políticos en el proceso electoral.

La otra -tal como lo especifica la Secretaría de la Función Pública- el garantizar que a ningún ciudadano se le condicionará la entrega de los servicios y bienes públicos a los que tiene derecho, por cuestiones relacionadas con sus preferencias políticas, sus intenciones de voto o sus actividades electorales.

La vigencia del Programa de Acción Comunitaria (PAC) y la intención del gobierno del estado de Querétaro de mantenerlo activo durante el proceso electoral, es sin lugar a dudas uno de los riesgos mayores que la naciente democracia queretana podrá enfrentar.

Recordamos que el proceso electoral del 2006, el no haber frenado el PAC causó severos conflictos en la zona de la serranía queretana, pues en su nombre se repartieron tinacos, láminas de asbesto y otros utensilios durante los días de campaña electoral.

Por eso es menester que prontamente el gobierno de Garrido Patrón firme su adhesión al “blindaje electoral”, para que pública y abiertamente se comprometa y comprometa a todos los servidores públicos, a actuar con legalidad pero también con honestidad y ética.

Una vez firmado, tendría que hacer lo propio con las autoridades de los 18 municipios de la entidad.

Para el proceso electoral local, todavía hay tiempo de hacer bien las cosas.

Francisco Garrido patrón tiene la oportunidad de cerrar su sexenio con una decisión que trascenderá la política local y podrá ser la clave de la consolidación del estado moderno democrático.

La otra, el no firmarlo y menos aún el no comprometerse a garantizar un proceso electoral transparente, limpio y confiable, simple y llanamente hará que la historia lo recuerde en otros términos no vinculados con la democracia.