Código Político

El representante popular, al convertirse en el primer legislador local -y quizá hasta de todo el territorio mexicano- que sin problema cual ninguno, vivió 54 días en Europa a pesar de tener la obligación obvia de concurrir a su trabajo en el parlamento queretano.

El segundo de los mencionados, al emitir una recomendación sin que aparentemente se hubiera realizado una profunda investigación, pues le bastaron solamente seis días para hacerlo, sustentándose exclusivamente en la versión de cuatro funcionarios del gobierno estatal y del quejoso.

*Su moral

Urbiola Ledesma se ausentó de Querétaro, de su trabajo y de sus obligaciones como legislador, para estudiar un Master en Ciencias de la Familia en la Universidad de Santiago de Compostela, allá en España.

Ante los reporteros explicó profusamente lo que hizo, cómo lo logró, qué aprendió, con quién estudió y cómo va a aplicar sus conocimientos.

En términos llanos, hizo lo que muy pocos pueden hacer en este país: cobrar sin trabajar.

Durante este tiempo -esos 54 días de ausencia- el legislador cobró su salario, no se le contabilizaron ausencias y por ende, no hubo descuento alguno.

También, durante ese tiempo, en ningún momento puso en riesgo su empleo porque, conforme a las leyes y reglamentos que los mismos diputados han elaborado, no se contempla ninguna de estas consideraciones.

Alguno de los reporteros le cuestionó este privilegio, entendiéndose que son pocos pero muy pocos queretanos los que pueden gozar de estas posibilidades.

Fernando Urbiola dijo que sí, que era un privilegio todo lo que había podido hacer.

Y aún así, rechazó la posibilidad de que su acción fuera tachada de inmoral, pues si la ausencia hubiera sido “por andar en parrandas o borracheras, como en algunos otros casos se ha dado, efectivamente hubiera sido inmoral”, lo cual no fue así.

Dicho en otros términos, Urbiola Ledesma evaluó que cualquiera que sea diputado puede ausentarse de su trabajo sin más ni más, para ir a cumplir un propósito personal.

Aceptó de igual manera que programó todos sus estudios para cursarlos precisamente en el tiempo en que se desempeñó como diputado.

No obstante lo anterior, hay dos elementos sumamente graves.

Primero, que conocedor de la prolongada ausencia -casi también de dos meses- del diputado Martín Mendoza Villa, atribuida a su gusto por el consumo de bebidas etílicas, Fernando Urbiola no haya sido capaz de subir a tribuna y reclamar o denunciar el hecho.

Segundo, que ahora de regreso, haya entregado a los reporteros una propuesta de reforma al artículo segundo de la Constitución Política del Estado de Queretaro, dejando que la percepción fuera el que lo acababa de trabajar o, mejor aún, que la elaboró en el tiempo de su estadía en España.

Esa reforma -recordamos- la presentó en septiembre del año pasado, en el proceso de reforma constitucional. La mayoría de los diputados no la aprobaron.

*Recomendación ipso facto

El caso de la CEDH va por el mismo estilo y quizá cuente con una misma razón moral de fondo.

Tiene que ver -recordamos- con el suceso registrado el 28 de febrero durante el quinto informe del gobernador Francisco Garrido Patrón, durante el cual el escritor Julio Figueroa Medina cuestionó, a gritos, al mandatario estatal.

En respuesta, cuatro servidores públicos evitaron que siguiera hablando, lo golpearon, lo asieron, le propinaron varios golpes y finalmente lo echaron del histórico recinto, con la advertencia de que no regresara.

La indagatoria que realiza la CEDH concluye que los citados cuatro funcionarios si violaron los derechos humanos de Julio Figueroa, pero nada más.

No hay una investigación para determinar con puntualidad quién o quiénes les giraron la orden de vigilar y en su caso, “controlar” a Figueroa Medina.

Silencio absoluto de la CEDH sobre este cuestionamiento, lo que evidentemente permite sospechar que hay negligencia en la investigación o, peor aún, se trata de proteger a los mandos superiores que ordenaron tal acción.

La expresión que ocupó el diputado Marco Antonio León Hernández para explicar la actuación de la citada comisión, es adecuada.

Dijo que es una recomendación parcial porque no determina quiénes son los autores intelectuales, “es como si en un homicidio solamente se pretendiera castigar a la pistola, y no a quién la dispara”.

Reveló, durante su comparecencia ante la visitadora de la comisión, que durante la sesión solemne de la legislatura del estado, en la que Francisco Garrido rindió su informe, las diputadas Carmen Consolación González y María de Jesús Ibarra le pidieron al Ombudsman que saliera a ver qué sucedía con Julio Figueroa.

Recordó León Hernández que éste no lo hizo; no las tomó en cuenta, lo que en términos llanos se convirtió en una omisión por parte del presidente de dicho organismo.

En ambos casos, las actuaciones de los personajes se guiaron por intereses que no coinciden con los de la comunidad que dicen representar y defender.

Los dos son ejemplo de servidores públicos que, contrariamente, no sirven al público, sino a sus objetivos. Por eso es que el público debe de actuar para evitar que personas con estos valores se trepen al poder y lo ejerzan sin beneficiar a la comunidad.