Código Político. Insultos y vituperios

Por Juan José Arreola

Al Senador de la República con licencia, José Calzada Rovirosa, se le ha vinculado con el narcotráfico, mientras que al alcalde queretano, Manuel González Valle, con el tráfico de influencias. Menos pesados los señalamientos, el ex Secretario de Desarrollo Sustentable y ex alcalde capitalino, Armando Rivera Castillejos ha sido acusado de denostar contra su partido político y específicamente en contra del gobernante estatal, surgido de las filas del Partido Acción Nacional (PAN).

Recientemente, apenas la semana pasada, Guadalupe Murguía Gutiérrez fue acusada de desvío de recursos y de corrupción durante su gestión como Secretaria de Educación en el estado.

Es la mal llamada “guerra sucia”; la larga, larguísima cadena de acusaciones sin presentar fundamento; de descalificaciones sin mostrar las pruebas de lo dicho, utilizadas como arma electoral para dañar al contrincante político.

Y que conste que no decimos que lo difundido hasta ahora sea o no real; destacamos la ausencia de la prueba.

Cuando en periodismo se conoce una información sin que se tenga una prueba de la misma o una fuente (sea una persona, un texto o un hecho) que sustente lo sucedido, se le conoce como rumor o trascendido.

Es información que al no tener probanza, no es factible difundirla, no debe de publicarse.

* Contienda enlodada

Esta forma de actuar (o de decir) en la política y específicamente en la coyuntura electoral, no han podido frenarse.

Una razón, quizá es que la gran mayoría de estas descalificaciones circulan por el Internet, un ámbito en el que todavía no hay legislación, ni nacional ni mundial.

Esta debilidad jurídica y técnica hace que la autoridad electoral, específicamente, la queretana, se encuentre maniatada para poder no solamente sancionar a los que difunden aseveraciones sin sustento en contra de su rival político-electoral.

Más grave aún es el hecho de no tener ningún instrumento, por pequeño o ineficiente que pudiera ser, para siquiera intentar frenar esta situación.

Dicho en sentido inverso, como no hay ni habrá -al menos en este proceso electoral- una ley que castigue y sancione a quien o quienes echen mano de la difamación y el vituperio para agredir al contrincante electoral y potencialmente disminuirle las preferencias comiciales, esta práctica continuará.

Este asunto, sin embargo, no es exclusiva responsabilidad del Internet. Hay también clarísimos ejemplos de actuar político erróneo, entre los mismos actores políticos sin contar con la complicidad de la red de redes.

Apenas el jueves de la semana anterior, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Germán Martínez Cázares, acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de estar vinculado con el narcotráfico.

La nota periodística del suceso -difundida por prácticamente todos los medios de comunicación- refiere que “ante banqueros y a sólo dos lugares de Beatriz Paredes, presidenta priísta, Martínez dijo que el PRI debe definir de qué lado está: si con el narcotráfico o con el Ejecutivo Federal”.

El falso dilema planteado por el dirigente nacional del blanquiazul tiene como motivación central el colocar al PRI, su principal rival electoral, en una situación presuntamente de desprestigio frente al electorado al que se pretende endilgarle la idea de que votar por el tricolor es favorecer al crimen organizado.

Eso, dicho en términos llanos, es fomentar el voto del miedo.

Una situación muy parecida a la sucedida en la contienda presidencial anterior, cuando se difundió -también sin sustento- que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México.

* Un embrollo

A lo más que puede aspirar el Instituto Electoral de Querétaro, es a realizar un llamado a la civilidad.

La presidenta del organismo electoral, Cecilia Pérez Cepeda, ha dejado muy en claro que como no hay una re-gulación jurídica del Internet, el IEQ lo único que puede hacer es apelar a la vo-luntad de los actores del proceso mismo, para que no incurran en esta práctica.

Es decir, lo único que se alcanza es a pedirles que tengan decisión de actuar con apego a la moralidad.

Los integrantes del Consejo General del IEQ están convencidos de la importancia que tiene el que se firme un acuerdo de voluntades entre los actores políticos para evitar esta situación.

“Es un acuerdo político, en donde los partidos nos entreguen la dirección de su página web, de los correos electrónicos que sean pagados con recursos públicos, tanto de sus pre-candidatos como de sus candidatos, para poder monitorear los plazos en que se difundan mensajes, y que no se difame o calumnie; esto es, que no se haga campaña negativa”, sostuvo.

El asunto es saber si este llamado es suficiente para frenar la guerra de los insultos y las descalificaciones.

La contienda comicial de este 5 de julio se presume reñida. Sumamente reñida; quizá la más cerrada en la historia política queretana. Eso lo saben los actores políticos y por eso desde ahora indagan estrategias para tratar de aventajar al contrario y así triunfar.

Lo peor que nos puede pasar es que esa estrategia se vaya por el camino fácil del denuesto.

Lo más sencillo, sin embargo, es que así suceda.

Lo más fácil de pronosticar es que si la campaña así se desarrolla, la ciudadanía reducirá sustancialmente su concurrencia a las urnas.

Lo más triste es que, una vez más, estamos en manos de los políticos que han demostrado, con creces, que son poco capaces de auto-regularse.

Lo lamentable es que no hay aún una ley que los frene… porque son ellos los que las hacen.