Código Político. Precampañas

Por Juan José Arreola

Cuando los reporteros le preguntaron que si conocía los videos que circulaban libremente en la internet, en los que prácticamente se dice de todo de varios políticos que contienden en el proceso electoral de sus partidos, la presidenta del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ), Cecilia Pérez Zepeda, respondió que no, que no sabía de ellos y, más aún, que ni siquiera los había visto.

Casi en el mismo tono respondió a la pregunta de los periodistas, sobre la presentación de alguna denuncia por tales hechos, proveniente de los partidos políticos.

Nadie -ni partido ni precandidato- había presentado denuncia alguna generada a partir de esos videos y mensajes.

*En privado

La presidenta del IEQ no “fingió demencia” ni tampoco quiso ignorar la realidad. Dos elementos jurídicos la empujaron a responder así.

El primero tiene que ver con el periodo denominado de “precampaña”, que empezó el 26 de marzo y termina este viernes 24 de abril.

Éste implica un proceso interno para que los precandidatos presenten sus propuestas ante los miembros de su partido para que con este sustento, éstos decidan quién deberá ocupar las candidaturas.

Es, pues, una etapa dedicada al proselitismo interno y, en consecuencia, todas las irregularidades, ilegalidades exabruptos y trampas -por darles un nombre- se deben de resolver al interior de los mismos partidos políticos.

Así, por ejemplo, la denuncia que presentara la semana anterior Armando Rivera Castillejos, de que varios militantes panistas han sido presionados para votar a favor de Manuel González Valle, tenía que haberla presentado ante la Comisión Estatal Electoral del Partido Acción Nacional (PAN).

En el mismo sentido debió de encauzarse la denuncia planteada por Jorge Rivadeneyra Díaz, cuando afirmó que la misma comisión electoral del blanquiazul estaba favoreciendo al precandidato Manuel González.

Así debió de haber actuado Francisco González de Cosío cuando en el Partido de la Revolución Democrática aquí, en Querétaro, le “bloquearon” -como él afirmó- la posibilidad de inscribirse como precandidato a gobernador por este partido.

Visto desde esa perspectiva, queda en claro porqué el IEQ no se involucró en estos casos.

*Manos atadas

El otro elemento jurídico al que nos referimos, es el que no tiene el IEQ.

La guerra, el lodazal, el cochinero o como queramos decirle, ese que ha invadido el internet prácticamente desde que se inició el periodo de precampaña, no se puede frenar.

No, al menos, de manera legal.

El IEQ no cuenta ni con una legislación ni con un ordenamiento o reglamento o algo que se le asemeje, para poder supervisar la internet, localizar esos videos o correos que agreden y sancionar a sus autores.

¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cómo controlar todo ese espectro?

Por eso es que el instituto electoral se comprometió, exclusivamente a “monitorear” las páginas en la web de los partidos políticos, las oficiales; también la de los candidatos, pero nada más.

Es decir, nada.

*Nubosidad

El asunto, entonces, es difícil porque no se tiene instrumento jurídico que detenga los insultos; porque las denuncias de irregularidades durante la etapa de precampaña son del ámbito exclusivo de los partidos, y porque los políticos no han asumido una postura ética que frene, sin necesidad de una ley, esta absurda guerra de insultos y descalificaciones.

En la Ley Electoral del Estado de Querétaro, agreguemos, subsiste una contradicción pues aún cuando define a las precampañas como el conjunto de actividades que realizan los precandidatos en un proceso de selección interno de un partido político.

Es decir, estas acciones solamente están dirigidas a los miembros de los partidos políticos, no a la ciudadanía en general.

Y aún cuando no se establece de manera explícita, la ley deja abierta la posibilidad de que los precandidatos realicen propaganda externa; es decir, similar -así está escrito en la ley- a las campañas electorales.

Curiosa situación: las precampañas se pueden realizar abiertamente en las calles y colonias de las ciudades y en las comunidades rurales, pero el IEQ no está posibilitado a sancionar las infracciones a la ley o a la ética.

Por estas condiciones es que en el actual proceso comicial -en comparación a los comicios anteriores, específicamente a los del 2003 y 2006- muestra un crecimiento sustancial de textos y películas con origen anónimo, destinados a denigrar a los contrincantes políticos, primero al interior de su partido y después, prevemos, entre contrincantes de diversos institutos políticos.

Este famoso periodo de precampaña ha demostrado que además de hacerse necesaria una nueva adecuación a la ley electoral, sigue siendo una materia pendiente en la práctica político-partidista, la existencia de valores éticos.

Ningún partido político cuenta con un planteamiento institucional destinado a formar a sus futuros representantes populares; si existen estas estructuras, queda claro que no han sido eficaces.

Más allá de quienes resulten triunfadores el próximo 5 de julio, desde ahora está claro que quien cargará con la más pesada derrota es la ciudadanía.

Por eso es que no resulta descabellado el análisis prospectivo realizado por el presidente del Colegio de Sociólogos, Juan José Lara Ovando, al plantear que estas prácticas que hasta ahora hemos visto, conducirán a un mayor desencanto entre el electorado y por ende, al crecimiento del abstencionismo.

Ya lo estaremos evaluando en julio venidero.