Código Político. Sin comprometerse

El mismo juez que condenó a la indígena otomí, Jacinta Francisco Marcial a 21 años de prisión, acusada de haber secuestrado a media docena de elementos de la AFI, es el mismo que ahora, repuesto el procedimiento, impidió que Jacinta fuera auxiliada por un traductor durante el careo que sostuvo este día. Los abogados de la indígena queretana se quejaron del juez a quien acusan de haber ignorado la petición de que Jacinta fuera auxiliada por un traductor de su lengua.

Santiago Aguirre, uno de los abogados que defiende a la indígena presa, comentó que “esta es una actitud (la del juez) muy frecuente en los juzgados mexicanos, pues no reconocen los derechos de las personas integrantes de los grupos indígenas para gozar de un traductor de las diligencias”.

Explicó que lo más preocupante era el hecho de que ya le habían solicitado al juez, antes de las diligencias de careo, hubiera traductor; “lo habíamos solicitado en varias ocasiones, y lo que hoy pedimos es que se le preguntara a la careada, la posibilidad de que se le ayudara con el traductor, y ni siquiera eso fue permitido”.

Junto con las también indígenas, Alberta Alcántara y Teresa González, Jacinta fue acusada de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) cuando éstos realizaban un operativo destinado a decomisar mercancía “pirata” en el mercado de Santiago Mexquititlán, en el municipio queretano de Amealco de Bonfil.

Ese día, el 26 de marzo de 2006, Jacinta Francisco se encontraba en el mercado pero vendiendo aguas frescas, a una distancia de por lo menos 150 metros del lugar en donde se realizó el decomiso y, según decir de la misma, cuando percibió que había un conflicto entre elementos de la AFI y vendedores de producto ilegales, optó por levantar su puesto y retirarse del lugar.

No obstante, los afis la señalaron como la “cabecilla” del grupo de indígenas que -aseguraron- los secuestraron.

El juez cuarto de distrito, Rodolfo Pedraza Longhi encontró culpables del delito de secuestro a las tres indígenas, condenándolas a 21 años de prisión y a pagar una multa equivalente a dos mil días salario mínimo.

La defensa de Jacinta fue asumida por el Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro”, cuyos abogados interpusieron un recurso de apelación para que fuera repuesto el procedimiento, toda vez que sostuvieron hubo diversidad de irregularidades.

El magistrado, Hanz Eduardo López Muñoz, asentó en los expedientes 27/2009 y 53/2009, que las indígenas de la comunidad Santiago Mexquititlán, entre otras irregularidades, no tuvieron un traductor que les hiciera saber de qué se les acusaba.

*La misma irregularidad

La reposición del procedimiento se realizó la semana pasada en el mismo juzgado cuarto de Distrito en Querétaro.

Los abogados de Jacinta solicitaron la presencia de un traductor al otomí, durante los careos realizados esta semana, a lo que el juez se negó.

Y justamente durante el intercambio de comentarios entre Jacinta Francisco y la dueña de una farmacia a la que ésta acudía, el juez le preguntó a la acusada si quería intervenir.

-“No entiendo qué es eso de intervenir”, respondió Jacinta.

El juez, entonces, cambió la palabra y le dijo que si quería participar, a lo que de nueva cuenta respondió que no entendía qué le quería decir.

Por tercera ocasión, el juez le tuvo que explicar a Jacinta qué iba a suceder; ahora le dijo que si quería “que la verdad se supiera”. Ahora sí ella entendió, y le contestó que sí.

“El juez tiene todas las facultades legales para desahogar el proceso como se debe… nosotros esperamos que Jacinta sea absuelta”, comentó el abogado de la indígena, Santiago Aguirre.

*Compromisos

Reconstruir esta parte de la historia de una queretana -que, por cierto, se ha convertido en noticia de alcance nacional e incluso internacional- que ha sufrido, para decir lo menos, el menosprecio de la justicia, tiene una clara intención.

La reposición del procedimiento judicial coincidió con el tiempo electoral de las campañas de los candidatos por lo que salió a relucir en el arranque de las campañas electorales, el caso de Jacinta y de las otras dos indígenas otomíes de Santiago Mixquititlán, que se encuentran presas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José El Alto, acusadas de haber secuestrado a media docena de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

El candidato a gobernador por el Partido del Trabajo (PT), el compositor y músico mexicano, Francisco Núñez Montes, inició su campaña electoral con un acto efectuado en la comunidad referida, en el que demandó la libertad de las tres mujeres.

El también candidato pero a diputado federal por el segundo distrito de Querétaro, postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arnulfo Moya Vargas, solicitó formalmente la liberación de Jacinta Marcial

También en la localidad de Santiago Mexquititlán, Arnulfo Moya confirmó que presentó ante el Juzgado de Distrito, un escrito en calidad de Amicus Curie, solicitando la libertad bajo el procedimiento incidental de falta de méritos, de Jacinta Francisco Marcial.

Manuel González Valle, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a gobernador del estado, encabezó un mitin en la comunidad de El Lindero, en el municipio de Amealco, en donde manifestó su interés de velar por los indígenas de nuestra entidad y prometió trabajar muy duro por las familias para generar proyectos productivos.

Nunca, sin embargo, mencionó el caso de las tres indígenas y específicamente el de Jacinta.

No hubo compromiso como tampoco lo ha habido de quienes, candidatos, buscan ejercer el poder gubernamental.

Estos son los asuntos en los que, pensamos, se definen quienes hacen de la política un ejercicio que siempre pone por delante a la comunidad.

Transcurren las campañas sin comprometerse. Los estamos esperando.