Código Político. Entre el discurso y la realidad

Por Juan José Arreola

Un falso debate se está generando en torno a la seguridad pública. Específicamente sobre la denominada “delincuencia organizada”. Consciente o inconscientemente, desde las esferas gubernamentales -obviamente incluyéndose las de Querétaro- se ha gestado un discurso que pretende separar al narcotráfico del narcomenudeo.

Desde la administración pública estatal, encabezada por el gobernador, José Eduardo Calzada Rovirosa, como desde la perspectiva del gobierno federal, a través de la delegada de la Procuraduría General de la República (PGR), Norma Patricia Valdés Arguelles, la tónica ha sido esa.

Presumiríamos que la intención de esa separación discursiva tendría que ver con la idea de imbuir entre los queretanos, una sensación de confianza y asumir que estamos en un territorio libre de la presencia de los delincuentes organizados.

Apenas la semana anterior, el presidente municipal de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, apoyó esta visión, al afirmar que nuestra entidad es la más segura del país.

Más aún, la práctica gubernamental misma, en este sentido, empuja a reforzar esta visión, sustentándose en la perspectiva de que Querétaro está súper vigilado y súper cuidado.

En consecuencia -interpretaríamos- el mensaje principal es: en Querétaro no hay delincuencia organizada porque es una entidad ultra recontra vigilada.

*Hipótesis

Y si bien podría ser cierto que nuestro estado sea el más vigilado y el más seguro del país, de esta sola situación no depende la presencia o no de los organizados delincuentes.

Dicho en otros términos, si esto fuera real, entonces entidades como Chihuahua, Sinaloa, Guerrero o Baja California, por citar solamente algunos, estarían libre de violencia.

El narcomenudeo no existe y subsiste “de la nada”; cada vendedor de droga tiene quien le surta. Y ese surtidor, a su vez, tiene un vínculo superior en una estructura lógica de una organización. Dicho en otros términos, el narcomenudeo no existe independientemente de las organizaciones dedicadas a esta actividad. Por ende, es una visión equivocada pretender desvincular una de otra.

En esta lógica, podríamos suponer (como elemento hipotético) que Querétaro como cualquier otra entidad del país es de interés para estas organizaciones. Sucede, sin embargo, que podría haber sido ya “negociada”; esto es, han determinado quién o quiénes “trabajan” aquí. Si esto es real, entonces se explicaría el porqué no se suscitan enfrentamientos armados, o el porqué no están en Querétaro los “cabecillas” o los “mandos medios”.

Esperaríamos que nunca suceda, pero en caso de que Querétaro entrara en alguna ocasión en disputa, lo más probable es que esos enfrentamientos que hoy vemos por la televisión, los tendríamos a la vuelta de la esquina. Esto sucedería, con, sin o a pesar de la vigilancia que tenemos en la entidad.

Así pues, que estén o no en Querétaro las organizaciones delictivas; que sus dirigentes vengan o se vayan, no debería ser la discusión, pues -insistimos- ni depende solamente de la voluntad de los gobernantes, ni de la vigilancia que se tenga. Peor aún, empieza a tornarse un debate político-partidista.

Justamente la semana anterior, el presidente en la entidad del Partido Revolucionario Institucional, Braulio Guerra, aseguró que Querétaro es una entidad segura y si algo hay de delincuencia mayor, sería responsabilidad de la anterior administración gubernamental, la del panista Francisco Garrido.

Este tipo de opiniones, que en nada favorecen a la sociedad, paulatinamente se irán generando, gracias al discurso oficialista de pretender separar el narcotráfico del narcomenudeo.

*Cambio de rumbo

La situación exige frenar esta inercia y replantearnos la estrategia.

Hay que conservar, sí, esta preocupación y acción por la vigilancia policial, los operativos especiales, las coordinaciones regionales, pero entender que no es el único elemento que ayudará a salvar la situación.

Ni modo, también asumir responsablemente que el narcotráfico, sea con la presencia que sea, es eso, narcotráfico y por ende, su peligrosidad se manifiesta a partir de los mismos comerciantes de drogas ilícitas que deambulan por las calles queretanas.

Vaya, no deberemos de esperar a que lleguen los “gallones” para, entonces sí, cambiar de discurso y de estrategia.

Está claro, también, que en el combate a la delincuencia, un papel fundamental -además del jugado por los cuerpos de seguridad y por los gobernantes- es el de la ciudadanía.

Modificar el discurso gubernamental para orientar a la ciudadanía y sumarla a la lucha contra la delincuencia organizada. Esa es parte de la fórmula.

Profundizar en la cultura de la denuncia ciudadana y ejercerla a partir del principio de que un vendedor callejero de narcóticos puede ser “la punta de la madeja” de una organización delictiva y, en consecuencia, dejarlo que siga en su práctica corruptora es, en la práctica, ir contra la seguridad común y, peor aún, volvernos cómplices.

La eficiencia y eficacia de esta práctica depende, sin embargo, de que policialmente se actúe con mayor celeridad y eficacia al recibir una denuncia de la ciudadanía.

De no ser así, el desánimo, el enojo, la idea de que resulta inútil arriesgarse a denunciar, ganará terreno y, entonces sí, ni vigilancia, ni discursos frenarán lo que se convertirá en algo inminente.

Estamos muy a tiempo de lograr revertir la tendencia. Estamos en buen tiempo de que, como dice el slogan gubernamental, juntos, escribamos una nueva historia.