19 de abril del 2010

Código Político. Asuntos espinosos

FOTO: Juan de Dios Castro

Por Juan José Arreola

Pensar en asuntos como el aborto, la homosexualidad y el formar parejas entre personas de un mismo sexo o, incluso, en el caso de las queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, se vuelve un ejercicio difícil. No son así solamente por decreto, sino porque han generado división de opiniones en la ciudadanía y, en consecuencia, no existen acuerdos al respecto.

Por eso mismo es que resulta de gran valía la conferencia que dictó, el pasado miércoles, en la Universidad Autónoma de Querétaro, el Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano.

Los tres aspectos mencionados fueron por él abordados, y de qué manera. Fue una charla aleccionadora, cuyos puntos centrales son, sin lugar a dudas, generadores de polémica.

*Matrimonios gay

Juan de Dios Castro aseguró que el aborto es una decisión que legalmente debe ser tomada por los dos padres y no solamente por la mujer, ya que es una garantía individual protegida por la Constitución mexicana.

De esta suerte, el funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que en caso de que la mamá, con el argumento de tener el derecho a decidir sobre su cuerpo, tomara la decisión de abortar, el padre podría ser amparado por la justicia federal.

Castro Lozano -no lo he mencionado- estuvo en la ciudad para cumplir con diversas charlas y conferencias comprometidas, tanto con la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), como con la delegación en la entidad de la PGR.

En el campus universitario, el subprocurador especificó que ahora, con el avance de la ciencia, se puede determinar quién es el padre del producto, gracias a las pruebas de ADN; “ahí no hay duda”.

Con este respaldo y conforme a lo establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de México, en el que se consagra el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el

espaciamiento de sus hijos, el padre podría recurrir a la justicia para demandar su derecho a decidir.

Incluso, apoyado en el artículo 103, que dice que los tribunales federales resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales, que sería el caso referido.

*Contrato civil, la solución

Luego, criticó el empeño de las autoridades del Distrito Federal en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, siendo que las mismas garantías y derechos se pueden obtener con la firma de un contrato civil entre los interesados.

El ex legislador federal y ex Senador de la República afirmó que resulta innecesario legislar sobre la materia, pues quienes quieran vivir juntos lo pueden hacer, simplemente con la firma de un contrato civil que les garantiza todos los derechos ciudadanos.

Para Juan de Dios castro, la discusión no debe de ser ni en el ámbito de lo religioso ni tampoco de la preferencia sexual, sino de los derechos constitucionales.

Cuestionó entonces: ¿Para qué las sociedades de convivencia o para qué los matrimonios como los del Distrito Federal?

El verdadero problema -comentó- está en la adopción de los hijos, y no porque los menores estén en riesgo de ser violentados o agredidos, como sucede entre las parejas heterosexuales.

El problema es la formación de los hijos no es en la pareja sino en la sociedad pues el riesgo que se corre es que los niños de padres del mismo sexo serían blanco de burlas y escarnio entre sus compañeros, lo que dañaría su desarrollo.

Por esa única situación es que se manifestó en contra de la adopción.

*Justicia para indígenas

Juan de Dios Castro abordó también el caso de las otomíes queretanas Teresa y Alberta, quienes se mantienen en prisión, acusadas de haber secuestrado a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Dijo que al no conocer el expediente, no podía emitir un juicio sobre justicia o injusticia.

Sin embargo, expresó que si les hacen justicia a las dos o a la sociedad, “le ruego a Dios, nada más, que cuando juzguen, juzguen con rigor; que ni se vean influidos por la prensa, ni por dádivas, ni por mujer bonita, ni por las lágrimas de los pobres si no tienen razón”.

Por cierto que las dos internas en el ahora llamado Centro Preventivo y de Ejecución de Sanciones Penales de San José el Alto, por estar acusadas de haber secuestrado a seis elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y sentenciadas, por tal delito a 21 años de prisión, se quejaron de que su caso se ha politizado, además de pensar que muchos de los que las han ido a visitar, lo han hecho por puro interés político.

“Nosotras ya no queremos hablar con nadie, porque hasta los medios de comunicación han dicho cosas que nosotros no dijimos… lo que queremos es salir porque somos inocentes’, les dijo Alberta Alcántara a los diputados federales.

Esta situación, justamente, ya la había previsto el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, Alberto Herrera Aragón.

El 20 de marzo pasado, un día antes de que estuvieran acá los senadores Manlio Fabio Beltrones y Socorro García Quiros, Alberto estuvo en Querétaro para visitar a las dos queretanas, y advirtió del riesgo que se corría de politizar la lucha por la liberación de las indígenas queretanas.

Hoy, sin embargo y pese a la politización, no irá más allá de un mes para que Alberta y Teresa recuperen su libertad.

Al tiempo.

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