Código Político. Finanzas politizadas

El otro está vinculado con el mecanismo mediante el cual se debe de cubrir los pagos de las obligaciones derivadas del sistema de transportación de agua potable denominado “Acueducto II”.

En ambos casos se ha dejado que predomine la visión político-partidista por encima de la legal y, sobre todo, la socialmente requerida. Veamos.

*Cero aumentos

La semana anterior, los tesoreros de los 18 municipios acudieron ante los diputados integrantes de la Comisión de Programación y Presupuesto para defender su postura sobre el incremento o no de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción 2011.

Seis gobiernos municipales plantearon su decisión de no ajustar sus tablas; es decir, quedarse en cero por ciento de incremento: Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán.

Siete gobiernos municipales firmaron un acuerdo extra, mediante el cual se comprometen a no incrementar el Impuesto Predial, con la idea de que así se contribuye a la economía de las familias queretanas.

En esa comparecencia, a varios municipios se les hizo una advertencia muy clara: o actualizan sus tablas de valores que se aplicarán en el 2011 o tendrán severos problemas financieros el siguiente año, el 2012.

Se los dijo, con toda la seriedad del mundo y con toda la responsabilidad que implica ser el titular de la Dirección de Catastro del estado de Querétaro, Antonio Lomelí Avendaño.

Explicó a cada uno de los tesoreros que el no actualizar las tablas de valores genera varios conflictos. Primero, el ser injusto pues llega a suceder que hay construcciones realizadas en tiempos de no incremento y, por ende, pagan menos impuestos que aquellas que se hicieron cuando se ajustó anualmente estos valores.

Pero además, Lomelí Avendaño les dijo que ahora, el gobierno federal entrega mayores participaciones financieras a los municipios que más recaudan por lo que, quienes decidieron quedarse en ceros o ajustar a muy bajo nivel, recaudarán menos y, en consecuencia, obtendrán menos.

Tercero, recordó que estos impuestos llegan a significar hasta 60 por ciento del total de sus ingresos propios de algunos municipios. Si no actualizan las tablas, sus ingresos se caerán; esto conlleva el déficit financiero y, después, a su paralización.

Si agregamos que el secretario de Planeación y Finanzas, Jorge López Portillo Tostado les ha dicho que no habrá dinero extra para ayudarles a solventar sus crisis, la pregunta resulta obvia: ¿Para qué insistir en la idea de que los gobiernos municipales no cobren el Impuesto Predial?

Es, para decir lo menos, una decisión suicida financieramente hablando. Y para hablar en el lenguaje de los partidos políticos, resultará una postura electoralmente negativa.

El ejemplo a citar es el de Pedro Escobedo que preside Alonso Landeros Tejeida. En esta localidad suman 3 años sin incrementos; el titular de catastro le dijo al tesorero que si ahora no ajustan en 110 por ciento el cobro del predio urbano, para el año 2012 tendrán que aumentar por lo menos en 160 por ciento.

Justamente será año de elecciones. Imaginémonos si para el 2011 se mantienen en su postura de no incrementar los cobros, lo tendrán que hacer en el 2012 y a niveles elevados, lo que repercutirá negativamente al partido político en el poder.

La otra opción es correr el riesgo de tampoco elevarlo en el 2012 y, entonces, la consecuencia será para la actual administración que por falta de recursos financieros podrá paralizarse.

Lo más sano, tal como lo expresó el diputado Hiram Rubio, es el de proceder a la actualización de las tablas de valores y -agregamos nosotros- dejar a un lado los compromisos partidistas que en lugar de ayudar, vendrá a dañar a los municipios y a sus ciudadanos.

*Acueducto II

El otro asunto tiene que ver con una discusión igualmente politizada.

La dirigencia estatal del PRI ha sostenido que el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) no es factible se cancele -como lo propuso el Partido Acción Nacional (PAN)- porque fue hipotecado por el anterior gobierno estatal, encabezado por el panista Francisco Garrido, para con él pagar, por espacio de 20 años, las obligaciones derivadas de la construcción, operación y gasto del Acueducto II.

La ley, sin embargo, no dice eso.

El decreto que determina el compromiso de la administración pública para pagar tales obligaciones, estipula claramente que el gobernador compromete “ingresos que deriven de participaciones federales en garantía o como fuente de pago de las cantidades dispuestas al amparo de la línea de crédito contratada”.

Ninguna referencia al ISN. Es decir, éste y el dinero que genera, puede destinarse a lo que decida el gobierno.

El artículo cuarto de la Ley de Deuda Pública, permite expresa y claramente a la legislatura local a contratar deudas, a reestructurar éstas; a autorizar que los ingresos de los sujetos de esa ley puedan ser afectados en garantía y, finalmente, a autorizar al gobierno del estado o de los municipios a intervenir como aval o deudor solidario de los mismos.

Dicho en otras palabras, los diputados son quienes tienen la facultad para eliminar o no el ISN o para destinar los recursos que éste recaude a lo que mejor consideren, sea para cubrir deudas del Acueducto II o para otra cosa.

También en este caso se ha gestado una discusión montada en intereses político-partidistas que nada tienen que ver con el beneficio de la sociedad.

Los presidentes del PAN y el PRI, Ricardo Anaya y Braulio Guerra pueden discutir lo que quieran, cuando quieran y a la hora que quieran. Lo que no se vale es que se utilicen falsedades, mentiras o engaños para tratar de ganar votos de los ciudadanos, afectando a los mismos ciudadanos.