Código Político. Opacidad legislativa
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Juan José Arreola ¿Qué puede ser tan fuerte, preocupante o peligroso como para que obligue a violentar la ley en aras de impedir que cause efectos negativos devastadores? ¿Qué pudo haber llevado a la mayoría de los diputados de la 56 legislatura a violar la Constitución del estado de Querétaro a sabiendas que incurrían en una irregularidad? |
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A las dos preguntas la respuesta es: nada. No hay una justificación lo suficientemente sólida como para aceptar que estos legisladores actuaron correctamente. Claro, a menos de que existan elementos, argumentos o hechos que no conozcamos los ciudadanos y que pudieran ser los causantes de que los diputados se enfrentaran al grado de imposibilitar una elección consensuada de los consejeros del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ).
*Elementos escondidos Por lo sucedido, por la falta de acuerdos, queda claro que en el proceso de elección de los referidos consejeros hubo reuniones secretas o, para decirlo menos acremente, a “puerta cerrada” en la que los integrantes de la Junta de Concertación Política negociaron o trataron de negociar quiénes querían, cada partido político, que fueran electos. Esa negociación, sin embargo, no se sustentó en los requisitos publicados en la convocatoria, sino en los intereses particulares de cada partido político con representación en la 56 legislatura. Si no fuera así, la nominación de los aspirantes hubiera sido más sencilla pues los requisitos estaban claros. Dicho en otros términos, analizaron con argumentos extra legales (no contemplados en la convocatoria oficial emitida para su nominación) la forma de elegirlos. La vía pública para escoger a quienes serían consejeros implicaba que los aspirantes tuvieran título profesional, contar con experiencia en aspectos electorales, no ser o haber sido funcionario público o representante de partido político como tampoco candidato a puesto de elección popular ni funcionario de gobierno alguno. Quizá el mecanismo de desempate -en caso de haberlo- parecía ser la exposición del ensayo elaborado por cada candidato, de tal manera que se pudiera apreciar su capacidad de análisis y prospectiva en el ámbito electoral. Por encima de estos elementos, sin embargo, estuvieron los intereses partidistas. Por eso no se pusieron de acuerdo y, por eso llegaron al pleno del congreso con una lista de más de 20 candidatos y no, como se esperaba, de 14. *Incapacidad parlamentaria Si esto es real, entonces debemos considerar un segundo elemento: ninguno de los diputados, llámense Hiram Rubio García, José Luis Aguilera Rico, Ricardo Anaya Cortés, Ricardo Astudillo Suárez, o como se quiera, nadie -decimos- tuvo la capacidad de argumentar, conciliar intereses y, finalmente consensuar una propuesta. Fueron incapaces de proponer a los 14 consejeros (7 suplentes y 7 titulares). Lo peor fue que, derivado de esa incapacidad, un bloque apostó por el engaño y otro por la ausencia. Aliados, priistas, aliancistas y los otros tres (PRD, Convergencia y PVEM) maquinaron presentar una propuesta de 24 candidatos para facilitar la eliminación de quienes no querían que llegaran. Simplemente no votarían por ellos, pasarían a una segunda ronda y votarían nuevamente por quienes ellos preferían. Tal como lo hicieron… pero sin los diputados del blanquiazul. El otro bloque, el de los 10 diputados del PAN optó por ausentarse de la sesión para no legitimar ese procedimiento. Así pretendieron presionar para rediscutir la propuesta. Ni uno ni otro cedió en su postura; es decir, nadie supo ser político, nadie negoció, nadie tendió puentes, nadie logró su objetivo. Por eso, uno de los bloques de diputados tomó una decisión irresponsable: omitir el mandato de la Constitución Política del estado, que mandata se elijan los consejeros con al menos dos terceras partes de los votos de la cámara de diputados; es decir, con 17 votos favorables. Ninguno los tuvo pues sumaron solo 15. El argumento para actuar de esta manera fue por demás infantil: no querían dejar a la entidad sin un instituto electoral integrado, pues el plazo legal para nominar sus consejeros venció el 30 de noviembre. Calificamos de infantil ese argumento -dado a conocer por el priista Hiram Rubio- pues hace apenas 3 meses, cuando el gobernador José Calzada presentó su propuesta de reforma electoral, un argumento central para reducir de 7 a 5 los consejeros, fue que se ahorrarían recursos. Además se agregó un segundo argumento, éste extra jurídico: acusaron los priistas a los consejeros de ser flojos, de cobrar exageradamente y de nada tener que hacer en tiempos no electorales. Hoy, esos mismos argumentaron que urgía integrar el IEQ ¡en diciembre de un año no electoral! Los panistas, igualmente, recurrieron a actos y actitudes extra parlamentarias, faltas de argumentos y de capacidad negociadora. Ausentarse de esa sesión muestro abierta y descarnadamente que el debate no es su fuerte. La perspectiva que hoy tenemos es la de dos derrotados. Unos, porque los consejeros a los que les tomaron protesta no podrán asumir el cargo, so pena de ser acusados de usurpación de funciones. Los otros, porque a fin de cuentas no obtuvieron la cuota de consejeros que reclamaban, por encima del número que los demás partidos políticos exigían como cuota. Lo peor, sin embargo, es para los ciudadanos, que hemos visto un lamentable espectáculo, plagado de insultos, de falta de argumentos, de incapacidades políticas y, finalmente, de menosprecio por la sociedad. Tenemos, lamentablemente, un congreso local que no ha sabido comportarse a la altura de la exigencia política. Lo más grave es que no dan muestra de querer cambiar. |