Código Político. Coincidencias

Estuvo en el barrio sexto de Santiago Mezquititlán, en la vivienda de la familia de Teresa González Cornelio y de los hermanos Alberta y Gabriel Alcántara Juan.

Junto con Jacinta Francisco Marcial, Teresa y Alberta fueron acusadas de secuestrar a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, durante un operativo de decomiso de mercancía apócrifa en el tianguis de Santiago Mezquititlán, en el municipio de Amealco.

El juez cuarto de distrito encontró elementos para sentenciar a las tres a 21 años de prisión. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2009, Jacinta salió de prisión al existir “duda razonable” sobre su culpabilidad por falta de elementos de prueba.

Siete meses después, el 29 de abril de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erigió, por vez primera desde que fue reformada en 1994, en un tribunal de apelación para revisar una sentencia y emitir un veredicto de inocencia en favor de Alberta y Teresa, y ordenar su “absoluta e inmediata liberación”.

*Los hechos

A pocos días de haber cumplido un año de recuperar su libertad, Alberta y Teresa recibieron la visita del gobernador del estado, José Calzada Rovirosa. Estuvo con ellas y con Gabriel, para inaugurar el invernadero propiedad de esta familia y en el que la administración estatal aportó 450 mil de los 600 mil pesos que se requieren para montarlo.

El gobierno de la entidad erogó tal cantidad de dinero, con la finalidad de que esta familia tuviera una opción económica que, más que ayudarles a sobrevivir, les garantiza la tranquilidad de sus vidas. Dijo José Calzada que lo hecho era “un acto de justicia”.

El gobierno del estado invitó a esta acción a reporteros de medios de comunicación del Distrito Federal, comúnmente llamados “medios nacionales”, lo que deja en claro el interés particular por hacer que esta acción tuviera resonancia nacional.

Esta actitud, sin embargo, no fue asumida con Jacinta Francisco Marcial, la tercera indígena involucrada en los hechos referidos en líneas arriba, a pesar de que en el equipo del mandatario Calzada se había preparado que éste visitara a Jacinta en su domicilio, ubicado en el barrio segundo de Santiago Mezquititlán.

Aparentemente, horas antes de la gira, hubo un cambio en el programa: se canceló la visita a Francisco Marcial pues existía un riesgo real de que la señora reclamara al gobernador y frente a los reporteros el no haber recibido apoyo alguno, hasta el momento, de parte de la administración estatal.

Por lo menos, no de la dimensión que recibieron Alberta y Teresa.

A inicio de esa semana le informaron que el gobernador iría a su casa; incluso hubo personal del área de giras que visitó su vivienda y determinó en qué lugar se reunirían.

Un día después vía telefónica, una funcionaria del área de Atención Ciudadana del gobierno estatal, le dijo que siempre no iría el gobernador porque ese día viernes iba haber muchos reporteros y periodistas del Distrito Federal, pero prometió que ella sí estaría.

La familia de Jacinta esperó hasta las 2 de la tarde de ese día la prometida visita de la servidora pública, pero nunca llegó.

Si es consciente la expresión del gobernador Calzada, de que el apoyar con un invernadero a Alberta y Teresa es un acto de justicia del que obviamente se siente orgulloso ¿por qué no hacer lo mismo con Jacinta?

Aún y cuando Jacinta Francisco no tuviera razón; es decir, que sí hubieran existido apoyos para ella similares a los otorgados a Teresa y Alberta, era la oportunidad para mostrarlo públicamente.

En abril pasado, Alberta y Teresa iniciaron un procedimiento legal para que la PGR les repare el daño que les causó por el tiempo que estuvieron en la cárcel. La referida reparación se traduce en la exigencia de aproximadamente 250 mil pesos para ambas.

Es, como queda claro, una cantidad inferior a la que representa la ayuda gubernamental dada para el invernadero. Por eso no resulta descabellado pensar que sea motivo suficiente para retirar la demanda por la reparación del daño.

*Austeridad legislativa

La versión es referida por varios trabajadores adscritos al Poder Legislativo del estado de Querétaro: las finanzas de este organismo público de gobierno han sido saqueadas. Así, sin dobleces ni vuelta de hojas.

La memoria viaja hasta los primeros días en que el diputado del partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Astudillo Suárez, iniciaba su gestión como presidente de la mesa directiva de la 56 legislatura.

Las primeras reuniones eran aderezadas con frutas colocadas en grandes charolas; botellas de agua, jugos. Galletas y barras Nutri-Grain, también ingresaron a la lista de desaparecidos.

Duró la Jauja unos días; quizá 30 o 40. No más. Intempestivamente se acabó.

La situación empeoró cuando algunos trabajadores solicitaron apoyo -pactado en el contrato colectivo- para la adquisición de anteojos y servicio dental. “No hay dinero”, fueron las respuestas que escuchaban quienes a eso iban.

El material de trabajo también escasea. Incluso, los diputados encontraron una fórmula para evadir el pago de horas extras -igualmente establecido en el contrato colectivo- que son generadas cuando los empleados laboran fuera de su horario de trabajo.

Ahora, para realizar sus actividades finsemaneras, los legisladores solicitan, desde el viernes, el equipo que requieren y lo regresan hasta el lunes. De esta manera, no piden el apoyo en sábado o domingo.

La última paletada de tierra han sido las declaraciones del presidente de la mesa directiva, Hiram Rubio García, quien afirmó que en aras de ahorrar recursos públicos, se seguirá con el despido de empleados de la legislatura. La semana pasada 3 de ellos fueron liquidados.

Coincidentemente, los diputados Ricardo Astudillo, Hiram Rubio y José Luis Aguilera han dicho que no existen irregularidades, que todo está bajo control, y que -por supuesto- no hay fuga de recursos económicos.

Sin embargo, la duda persiste. Y cuando la gente tiene duda, desconfía. Y cuando desconfía, retira el apoyo. En términos electorales eso significa cambiar el voto.