Código Político. Sucesión en la UAQ

Juan José Arreola

Un proceso electoral singular, diferente, con una perspectiva distinta a los hasta ahora vividos, inició el jueves de la semana pasada al seno de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para elegir al sucesor en la rectoría de Raúl Iturralde Olvera. Es histórico por varias características. Una de ellas, porque es la primera ocasión en los últimos 14 años que se registra una sucesión rectoril con un gobierno estatal en manos de un político surgido de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Es trascendental este hecho pues, vale recordar, desde hace por lo menos 50 años, el partido político en el poder siempre ha intentado meter las manos en este proceso electoral de la UAQ. Prácticamente ha sido el gobernante en turno quien ha influido notoriamente para la designación del titular de la rectoría, incluyéndose a los 2 que han ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo siendo miembros del Partido Acción Nacional (PAN).

Quizá la diferencia de los gobiernos blanquiazules con los del tricolor ha sido que de las aulas de la máxima casa de estudios han surgido importantes políticos adheridos al PRI, como Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos García o Jesús Rodríguez Hernández, solo por mencionar algunos.

Hoy es histórico porque será, decimos, la primera ocasión en que se elija rector con un gobierno del PRI “renovado”. Esto implica, en términos llanos, la expectativa de que, también por primera ocasión, el gobernante en turno no trate de influir en el proceso.

*Lo nuevo

Es diferente porque por primera ocasión, también, llegan a la final de la sucesión 4 candidatos que, han sostenido, no declinarán, lo que de ser cierto habrá que escuchar durante el lapso de un mes 4 propuestas que se tendrán que analizar y diseccionar con bisturí para poder apreciar, puntualmente, las diferencias y las coincidencias en el ámbito académico.

Es, a fin de cuentas el académico el elemento que debería de pesar en este proceso y no, como pudiera suceder, el político.

Son candidatos a dirigir la institución educativa, tres directores: el de la facultad de Derecho, César García Ramírez; de Ingeniería, Gilberto Herrera Ruiz; así como el de Contaduría y Administración, Héctor Fernando Valencia Pérez.

Completa el cuarteto de aspirantes, Marco Antonio Carrillo Pacheco, quien desde el 2 de mayo pasado renunció a su cargo como secretario particular del actual rector, para competir por el cargo.

Deberán ser lo suficientemente específicos, claros, detallistas, para poder marcar diferencia de sus programas académicos ante sus electores y así empujar a que el proceso se defina por esa vía.

Tercer hecho inédito es el de la potencial crisis de inseguridad en medio de la cual se gestará este proceso de elección. La violación de una estudiante, sucedida apenas hace 3 semanas al exterior del campus Aeropuerto, ha generado una ebullición entre la comunidad académica, especialmente entre los estudiantes, que han reclamado insistentemente el incumplimiento de las autoridades -universitarias y del estado- en los compromisos pactados.

Una de las estudiantes de la facultad de psicología que es consejera universitaria, leyó un texto durante el pleno de la semana pasada que concluye con la expresión: “repudiamos que se intente minimizar” lo sucedido. Además, acusó a las autoridades de dar solamente paliativos y prorrogas en lugar de resolver la situación.

Es factible que no sea del todo exacto lo que dijo la estudiante; sin embargo, el asunto de fondo es que expresa la desconfianza que ya se gestó entre los estudiantes, hacia el comportamiento de las autoridades.

A tal grado ha llegado esta situación que hoy, sin un solo argumento en contra, sin una sola voz que se levantara para negarse, se constituyó una comisión de seguimiento de las acciones a realizar para salvaguardar la seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria que concurren regularmente al referido campus Aeropuerto.

*El sindicato

El cuarto hecho que caracteriza la actual coyuntura universitaria tiene que ver con el Sindicato Único de Personal Académico de la UAQ (SUPAUAQ); específicamente concierne a un asunto que, en este momento, ya se encuentra en manos de la justicia del estado.

Durante la gestión como secretario general del sindicato, del ahora Director de Recursos Humanos de la universidad, Marco Antonio Rubio Abonce, se pactó un convenio con una caja popular para que ésta facilitara los trámites de adquisición de préstamos económicos a los trabajadores del SUPAUAQ.

Se autorizaron y liberaron alrededor de mil préstamos, con la salvedad de que ahora que se han revisado los trámites, resulta que ni uno solo de los mil 500 trabajadores académicos afiliados al sindicato gozó de esta prerrogativa.

La situación apunta a que el dinero de los préstamos se le facilitó a personas que no son sindicalizados ni trabajadores universitarios, o que alguien se aprovechó de la situación y se llevó el dinero.

Hoy, esos préstamos representan alrededor de 40 millones de pesos, pues se acumulan los intereses por no haberse pagado.

Si llega a descubrirse que hubo un delito del fuero común, como el de fraude, y algún universitario está involucrado, el SUPAUAQ no lo protegerá. Por lo menos eso ha prometido el actual secretario general del gremio, Ángel Balderas Puga.

El hecho es que este asunto pudiera tomar un vuelco en el transcurso de los próximos días y, entonces, estallará en plena campaña electoral universitaria.

Por eso mismo, por estos aspectos, la elección del próximo rector es diferente al resto de las nominaciones.