Código Político. Tres sucesos

Juan José Arreola

Tres sucesos marcan la historia queretana de la semana anterior y abren, por supuesto, una nueva coyuntura en el ámbito estatal que modifica lo que hasta ahora había sucedido en cada ámbito.

*PRI-PVEM-PANAL

La primera noticia es el acuerdo que firmaron el PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal), para conformar una alianza electoral para los comicios del 2012, denominada “Compromiso por México”.

Habrá quien afirme que este pacto ya era conocido, inminente e incluso que estaba “cantado”. Sin embargo hubo un momento en que corrió el riesgo de no concretarse, incluso minutos antes de que se firmara.

Durante la asamblea nacional del Panal, se planteó la inclusión de una “cláusula de escape” en el convenio de coalición con el PRI que, en términos llanos facilita la ruptura en caso de encontrar incumplimiento de lo pactado por parte del tricolor.

Pero bueno, el convenio se firmó quizá con más trompicones de los previstos, pero lo lograron. En el caso de Querétaro, la coalición conlleva el que los 3 partidos políticos postulen candidatos únicos al Senado de la República y a las 4 diputaciones federales que corresponden a la entidad.

El cuestionamiento que pareciera ser lógico es si este pacto podrá extenderse a las entidades en donde habrá elecciones locales, particularmente a Querétaro. El planteamiento es necesario pues depende de si existe o no esta alianza en las locales para determinar la configuración política en la segunda parte del sexenio del gobernador Calzada.

Solamente para dar un ejemplo. Hoy consideramos que si cuaja la alianza, ésta podría ganar el municipio de San Juan del Río. La pregunta es: ¿con qué candidato? ¿Fabián Pineda? ¿Tania Ruiz? ¿Belem Junco? Y la diputación federal por el segundo distrito ¿Abel Espinosa?

*Adiós al ‘dedazo’

La segunda noticia tiene que ver con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar el método de designación directa de candidatos que había aprobado la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional (PAN).

Esto implica que el blanquiazul deberá de optar por la elección de sus candidatos, ya sea mediante el voto de sus miembros adherentes y militantes o por vía de la asamblea de consejeros, pero no por designación.

Traducido en acciones concretas significa que al alcalde de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se le cayó la candidatura al Senado de la República pero además, tendrá necesidad -si mantiene esta aspiración- de dejar el cargo a más tardar en diciembre, para poder competir.

También implica, por ejemplo, que renace la oportunidad para el alcalde de Tequisquiapan, Raúl Orihuela González, para optar exactamente por el mismo cargo o poder competir por la diputación federal al primer distrito, que con la designación parecía le quedaba a modo a la actual legisladora local, Micaela Rubio Méndez.

*Contra la opacidad

Lo dijo Marcos Aguilar Vega: fue un hecho histórico el que por unanimidad los diputados integrantes de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la 56 legislatura local, aprobaran modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para obligar a los 25 diputados a comprobar los recursos económicos que reciben por concepto de prerrogativas.

La decisión no es cualquier cosa. Para darnos una idea, baste decir que cada uno de los actuales legisladores habrá recibido, durante sus 3 años de gestión, 6.1 millones de pesos, lo que implica la erogación de 153 millones de pesos de recursos públicos que hasta ahora no tenían obligación de informar en qué lo gastaban.

Es, para decirlo en términos llanos, un dineral manejado al libre albedrío de 25 privilegiados, en un país y en una entidad en donde se supone que ya no existen estos desequilibrios, propios de las antidemocracias o de las dictaduras.

Ahora deberán de presentar, cada mes, un informe que deberá estar a disposición de cualquier ciudadano, en el que deberá detallarse que destino le dieron a este dinero.

La “Iniciativa de Ley que reforma el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro”, fue presentada por el diputado Marcos Aguilar Vega, en abril pasado ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del estado.

El legislador se vio obligado a realizar una colecta de firmas de respaldo ciudadano -acumulándose 12 mil 500- “para sensibilizar a los demás diputados de que no debe continuar ejerciéndose un recurso público sin la obligación de comprobar su ejercicio”, recordó Marcos Aguilar.

Lo hizo, simple y sencillamente porque se oponían a ventilar el uso (¿y abuso?) que del dinero hacen. Cuando presentó la iniciativa, diputados de varios partidos políticos se opusieron a ella, como es el caso de Belem Junco del Partido Nueva Alianza, quien aseguró que si revelaban el dinero que manejaba cada diputado, se volverían “secuestrables”.

Contrario a lo dicho por su compañero, ahora el diputado Abel Espinoza Suárez -de Nueva Alianza- aseguró que el Poder Legislativo da un paso importante en materia de transparencia y rendición de cuentas, que tiene que ser una constante en quienes ejercen un cargo de elección popular.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Astudillo Suárez celebró que se incluya esta propuesta en el dictamen, quien también afirmó que desde hace tiempo estaba de acuerdo con la propuesta.

Hasta la primera quincena de noviembre, cada uno de los diputados ha recibido, por el concepto de “prerrogativas”, 4 millones 335 mil pesos, recursos público que 24 de los 25 diputados no han comprobado su uso.

Los tres sucesos marcan, ni duda cabe, la historia contemporánea de Querétaro. Esperemos que sea para bien de sus habitantes.