Código Político. Reforma y contrarreforma

Es fundamental para el gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, que su propuesta de reforma electoral sea aprobada antes de concluir este año 2010. Le urge porque antes de que concluya el año deben de ser sustituidos 3 de los 7 integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ).

Si su propuesta no llega a ser aprobada en ese tiempo, la renovación de los consejeros se concretará y, en consecuencia, enfrentará un severo problema al tratar de reducir de 7 a 5 los integrantes de dicho consejo pues cómo justificar cuáles 2 de los 7 se deberán de destituir, despedir o como queramos llamarle.

Por el contrario, si logra que se apruebe antes de diciembre, podrá tranquilamente cambiar de Instituto a Consejo y de 7 a 5 los integrantes.

* La línea

Por eso mismo no resulta ocioso y mucho menos despreciable lo dicho, la semana pasada, por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava Vázquez, quien aseguró que la reforma electoral propuesta por el gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, “nació muerta”.

Al preguntarle su punto de vista sobre la propuesta electoral del mandatario estatal, César Nava respondió que “es una reforma que nació muerta, no tiene ninguna viabilidad no tiene ninguna posibilidad; se requieren dos tercios de la votación y no se avizora que esa votación pudiera reunirse”.

Dicho en otros términos, el presidente del blanquiazul vino a Querétaro a decir a sus 10 diputados locales que no deben votar favorablemente la reforma calzadista.

Recuérdese que el gobernador de la entidad presentó una propuesta de reforma electoral que como implica que se modifique la Constitución Política del Estado de Querétaro, necesita del voto de las dos terceras partes de los integrantes del congreso del estado, que significa, al menos 17 de los 25 votos.

En caso de que los 10 legisladores del PAN voten en contra, la propuesta de reforma no será aprobada aún cuando los restantes diputados sí la voten favorablemente, pues reunirían 15 de los 17 sufragios requeridos.

Por eso es fundamental lo dicho por César Nava y por eso el reto de José Calzada, en consecuencia, es trabajar en dos sentidos; primero, convencer a los panistas o a por lo menos 2 de sus diputados, que apoyen su propuesta. Segundo, lograr que este respaldo sea antes de diciembre para así legalizar la propuesta y frenar la posibilidad de que siga vigente el IEQ.

* Entrelíneas

Más allá de las virtudes que muy seguramente contiene la multicitada reforma, el debate se ha centrado en dos o tres aspectos centrales.

La iniciativa de ley del gobernador -miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- contempla reducir de 7 a 5 los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ), cambiar de nombre de dicho organismo además de quitarle la prerrogativa de elegir a su presidente, pasándole esa responsabilidad al congreso del estado.

Imaginémonos, solamente para hacer un ejercicio provocador, que la reforma es aprobada en los tiempos y en la forma en que lo quiere el gobernador y, por supuesto, sus compañeros del PRI.

¿Quiénes elegirán a los nuevos integrantes del organismo electoral y bajo qué criterios?

De acuerdo a la ley vigente y a la propuesta reformista, esa responsabilidad recaerá en los diputados locales.

El análisis nos muestra, en este momento, que la 56 legislatura funciona con 2 bloques de diputados claramente definidos. Uno, formado por los 10 del PAN, que tiene una fisura importante que puede llevar a la fractura. Salvador Martínez, María García y Gerardo Cuanalo forman ese “lesión” en las filas del blanquiazul.

El otro bloque está conformado con los 9 diputados del PRI, los 3 del Partido Nueva Alianza, el del partido Verde Ecologista de México, el del Partido de la Revolución Democrática y, finalmente, con el de Convergencia.

Hasta ahora hemos visto que cuando se polarizan las cosas en el congreso estatal, las votaciones, invariablemente, resultan ser 15 contra 10. En esa lógica está claro que la elección de los futuros responsables del consejo electoral estaría en manos del bloque de los 15 y, por supuesto priorizarían que los potenciales integrantes del órgano electoral sean cercanos a su visión ideológica.

Así tendrían una importante influencia y, más aún, control sobre ese organismo.

De acuerdo a la propuesta reformista, el presidente de esa instancia electoral será nominado por mayoría de los diputados locales. Aquí también, obviamente, prevalecerá el criterio del bloque mayoritario.

* La otra lectura

Por supuesto que hay quienes todavía sostienen que la reducción de integrantes del instituto y las demás propuestas abordadas en el debate, no tienen esa intención; no llevan intencionalidad priista, para decirlo en términos llanos.

Su objetivo único es el ahorro de recursos públicos.

Si esto es real, entonces es factible plantearse otra dinámica.

Primero, abrir al debate público la propuesta calzadista y otras que pudieran plantearse. Si la intencionalidad es la del ahorro presupuestal, entonces que el debate tenga otro carril de conducción: la reforma financiera o económica en el concierto estatal.

Está claro que los problemas financieros de la entidad no se resolverán con solamente reducir 2 consejeros. Hay que ir más a fondo y analizar, por ejemplo, los recursos públicos que se destinan a los diputados; los recursos que se invierten en prestaciones para los funcionarios públicos, o la dilapidación de dineros en obras mal ejecutadas.

Entonces la reforma, si en realidad tiene la intención de dar un paso más en la democracia, tiene que plantearse de otra manera y demostrar -en la prueba del debate- que su intención no es electorera ni partidista.