Código Político

Advierto que lo aquí escrito no es, ni por asomo, un profundo y analítico balance; es solamente un ejercicio comparativo cuya única pretensión es eso, comparar.

* Economía desigual

Por el impacto financiero y mediático que ha tenido, es de justicia referir que el principal logro de la administración calzadista en su primer año ha sido, ni duda cabe, la determinación de subsidiar el pago del Impuesto a la Tenencia Vehicular. Repercutió en una importante franja poblacional mayoritariamente integrada por clasemedieros.
El contraste se refleja en el transporte público de pasajeros pues, hasta el momento, no se ha mostrado avance alguno en el reordenamiento del mismo.
Este aspecto es fundamental en dos sentidos. Uno, en el hecho de que impacta económicamente en una amplia capa de ciudadanos, “los de a pie”; es decir, los que no cuentan con un vehículo automotor y que gastan buena parte de sus salarios en pagar el pasaje.
El otro sentido tiene que ver con el medio ambiente pues es de recordar que el transporte público es el causante del 19 por ciento de las emisiones de gases con efecto invernadero, causantes a su vez del calentamiento climático.
El desorden con el que circulan en la ciudad deriva en un servicio malo, caro y contaminante. Tampoco cabe duda alguna para decir que sigue siendo materia pendiente.

* Política de austeridad

Justo la tarde de este jueves, minutos antes de iniciar la redacción de este texto, fue enviado un comunicado a la prensa local en el que se consigna que la Oficialía Mayor, a cargo de Manuel Pozo Cabrera, daba a conocer que como parte del plan de austeridad, se había logrado ahorrar 102 millones 274 mil 154 pesos del presupuesto para el gasto administrativo.
Entre las medidas que hicieron posible la reducción del gasto, destacan los ajustes en la nómina, la disminución de los sueldos del gobernador del estado y de los miembros del gabinete en 20 y 30 por ciento respectivamente; la reducción de los salarios de personal de nuevo ingreso, y el ahorro por plazas vacantes, con lo que se reportan ahorros por 89 millones 323 mil 770 pesos. Justo es decir, también, que es loable lo logrado en este ámbito.
Pero también de justicia es destacar la pérdida poco más de 90 millones de pesos -prácticamente lo que se ha logrado ahorrar hasta este momento con el referido plan de austeridad- invertidos en el hospital regional oriente de San Juan del Río.

Ya lo habíamos comentado semanas atrás que después de la inundación del 7 de julio de ese nosocomio, el gobierno del estado autorizó una inversión por arriba de los 90 millones de pesos para recuperar el equipo médico deteriorado y realizar reparaciones en el inmueble.
El 19 de septiembre se volvió a inundar y la inversión simplemente se perdió. Peor aún es que ni se inició una investigación ni mucho menos se piensa siquiera en sancionar a los responsables de esta situación.

* Elecciones y democracia

Ningún mandatario estatal, de los últimos 3 (Enrique Burgos García, Ignacio Loyola Vera, Francisco Garrido Patrón) ha concluido su sexenio sin impulsar una reforma electoral. Los tres antecesores lo han hecho aderezando la propuesta con un debate público, abierto, sin cortapisas aunque también, vale decirlo, sin amplio margen para una verdadera influencia jurídica de la ciudadanía sin fuero; es decir, de quienes ni son funcionarios públicos ni son diputados. Más allá de los alcances de cada una -que es tema de otra discusión y otros escritos- el marco recedente ha sido ese, el debate público.
Con José Calzada Rovirosa la situación cambió. No es de cuestionarse, de inicio ni su visión ni tampoco su derecho a presentar iniciativas de ley. Ese no es el debate.
El asunto es que dejó de lado una práctica que, suponíamos, adoptaría, mejoraría y, como consecuencia, sería la palanca impulsora de su reforma.
Ignoró la convocatoria al debate que, a fin de cuentas le fue impuesto por la reacción política a su actitud.

* Solidaridad social

La intervención política más exitosa que ha tenido José Calzada Rovirosa, por su repercusión social y mediática, ha sido su pronunciamiento a favor de las queretanas Teresa y Alberta, quienes estuvieron presas junto con Jacinta, acusadas de haber secuestrado a media docena de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
La inercia que impuso el movimiento social por la libertad de estas queretanas, sirvió de respaldo y de punto de apoyo para que el gobernador se subiera al caso y, por supuesto, ayudara a lograr su excarcelación. Fue, digámoslo, un acto de justicia para cuya consecución aportó el gobernador Calzada.
Sin embargo, poco o nada ha hecho (o ha dicho que ha hecho) a favor de los obreros de la empresa “Lanas Merino” quienes enfrentan un problema de carácter federal, de injusticia y de burocracia, además de ser -al igual que Jacinta, Alberta y Teresa- queretanos que requieren del apoyo de su gobernador.
No lo han recibido y si ha sido así, si realmente se les ha apoyado, no se ha difundido por los medios de comunicación como se hizo en el caso de las 3 mujeres mencionadas.
La preocupación mayor que nace después de este recorrido, es que algunas de las acciones del gobierno calzadista tengan mucho más que ver con el impacto mediático, publicitario, que con un proyecto político real.
Ojalá que muy pronto nos ayuden -con los hechos- a disipar esa duda.