Código Político. Sueño guajiro

Por Juan José Arreola

El zipizape que se armó en torno al escritor, historiador y narrador queretano, Julio Figueroa Medina durante la sesión solemne del Congreso del Estado, en donde el gobernador, Francisco Garrido Patrón, rindió su quinto informe de gobierno, tiene causas político-legislativas.Esto significa que lo sucedido es en sí mismo una consecuencia, hasta cierto punto obvia y evidente, de una acción o una omisión que directamente gestó el conflicto. Y si esto es así, entonces como punto de arranque tenemos que desechar el análisis frívolo y ramplón, que solamente evalúe el suceso ‘por encimita’.

*El principio protector

La actuación de la legislatura; específicamente del presidente de la mesa directiva en turno durante esa sesión, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Martínez Peñaloza, más allá de ser legal o no; apegada a derecho o no, al momento de escuchar los gritos de Julio Figueroa reaccionó en defensa del gobernador y no de la institución.

Hoy, por lo que vimos en el informe, está claro que entre los preparativos de la sesión solemne se consideró el vetar el ingreso al Teatro de la República y durante la sesión al referido escritor, por considerarlo non grato para la actual administración.

Esta decisión, que choca de frente con la promesa de mayor democracia en Querétaro y en el país, postulada sin ambages por el PAN en tiempos electorales, deja al descubierto lo que los organizadores de la reiterada sesión tenían en mente: evitar exabruptos en el ‘día del gobernador’.

Lo penoso de este asunto no es pues, que Julio Figueroa haya roto con la solemnidad (que fue real; que cometió un acto equívoco a partir del momento mismo en que se convocó a una sesión solemne y que el escritor no respetó la institución).

Lo penoso es que los diputados de la 55 legislatura, responsables de haber echado andar una reforma constitucional, no hayan tocado ni un ápice a la estructura del poder, instaurada por el viejo priísmo y por el contrario, se dedicaron ‘apapachar’ este antiquísimo ritual que refrenda el ejercicio unipersonal del poder.

Si los legisladores se hubieran comprometido en realidad con una reforma constitucional tendiente a consolidar la transición democrática, entonces tenían que haber acabado con esta ceremonia fatua. Pero no fue así.

El informe de gobierno, se supone, es la obligación constitucional del titular del Poder Ejecutivo de rendir cuentas al pueblo a través de sus representantes, los integrantes del Poder Legislativo.

El hecho en sí mismo implica (en un régimen democrático) que quien rinde cuentas tiene, como mínima obligación, escuchar la voz del pueblo a través de los diputados.

Evidentemente esto se incumple, y más aún, se siguen haciendo grandes esfuerzos porque no sea así; se procura que los legisladores -sobre todo los de oposición- “prediquen en el desierto”.

Sus alocuciones, sus discursos, sus críticas e incluso hasta sus improperios no llegan a oídos del gobernante, simple y llanamente porque se busca que no sea molestado, que no sea cuestionado y por ende, que siga conservando la figura del político sin mácula y sin error.

*El ‘hubiera’ inexistente

Por eso, cuando Julio Figueroa logra burlar la vigilancia y se cuela al Teatro de la República, los focos rojos de la seguridad se encienden. Se convierte en una amenaza para esa estabilidad programada, y por consecuencia se monta un operativo especial para vigilarlo.

Narra el escritor, en uno de sus tantos escritos, que todo el tiempo estuvo vigilado y custodiado por al menos tres ‘guaruras’ y que cuando finalmente decide irrumpir el informe, de inmediato es sometido y sacado del recinto.

La reacción, absurda y exagerada, fue la que provocó que el informe se opacara.

Qué hubiera sucedido -pregunto- si el titular del Poder Ejecutivo espera pacientemente a que el opositor terminara su perorata. Si a los diez o doce segundos de gritar y reclamar, el mismo gobernante se dirige de manera personal a Julio Figueroa y le pide que guarde compostura, que ya lo escuchó, que atenderá su reclamo. En suma, que lo deje continuar.

A fin de cuentas esto no pasó. A Julio lo golpearon; mucho o poquito, pero lo golpearon. El informe se empañó y nos dimos cuenta que poco o nada han reformado los diputados.

Y es hacia ellos que ahora enfilamos las baterías.

De la 55 legislatura lo más destacado, hasta ahora son cuatro cuestiones.

Uno, el caprichoso y absurdo cambio de fecha para la rendición de cuentas de los mandatarios, de septiembre a febrero del siguiente año, sin modificar ni la estructura ni el significado del acto cívico

Dos, el aprobar que cualquiera de ellos, diputados, puede concurrir a un proceso electoral en calidad de candidato, sin que la ley los obligue a separarse de su actual cargo de legislador.

Tres, su enconado y enfermizo enfrentamiento contra los integrantes -y la institución misma- de la Comisión Estatal de Información Gubernamental.

Y cuatro, la complicidad de los 25 (pues nadie se ha pronunciado en contra) de solapar las ausencias prolongadas, ilegítimas y faltas de ética, de varios de sus integrantes sin que se les sancione, se les llame la atención o se les descuente de su dieta.

Tres meses de ausencia del diputado perredista, Martín Mendoza Villa; más de tres meses de inasistencias del panista Fernando Urbiola Ledesma. Un mes y medio sin trabajar de Marco Antonio León Hernández (Convergencia) y de Eric Salas González (PAN) y no pasa nada.

Con esa moral, hoy entendemos que exigirles una reforma real en beneficio de Querétaro, fue simplemente un sueño guajiro.