Código Político. Lesa humanidad

Juan José Arreola

Tan grave ha sido la violación de los derechos humanos de las tres mujeres indígenas otomíes que están presas desde hace tres años en el Cereso de Querétaro, que la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha equiparado su situación con casos que han sido calificados de lesa humanidad. La OMCT -que preside Kofi Atta Annan- considera que la reclusión que sufren Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, tiene similar nivel de agresión a los derechos humanos que el ataque de las fuerzas de seguridad iraquí con bulldozers al campo Ashraf.

Lo equipara también con la situación en Honduras, en donde se han usado armas de fuego para contener manifestaciones, para detener violentamente a opositores y para impedir el ingreso de ayuda humanitaria.

Por eso es que la OMCT ha incluido la defensa mundial de Jacinta, Alberta y Teresa en su programa denominado “campaña urgente”.

El lunes 3 de agosto cumplieron tres de los 21 años de cárcel a los que las sentenció el juez de la causa. Las tres fueron acusadas de haber secuestrado a seis agentes federales de investigación durante hechos ocurridos el 26 de marzo del 2006, en la comunidad Santiago Mexquititlán del municipio de Amealco.

*Cinco principales irregularidades

El análisis que la OMCT hizo del caso, arrojó diversidad de irregularidades, ilegalidades, abusos y actos discriminatorios, destacándose, sin embargo, cinco de ellas.

Primera. Los mismos agentes federales que se dicen víctimas han asumido, desde la etapa de averiguación previa, el carácter de ofendidos, de investigadores y de testigos.

Segunda. A pesar de esta anomalía, se le ha concedido fuerza probatoria en contra de Jacinta Francisco Marcial a los testimonios de los mismos agentes federales.

Tercera. En la resolución de la apelación, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, con sede en Querétaro, encontró contradicciones sustanciales, imprecisiones e incongruencias en la versión de la parte acusadora.

Cuarta. El juez que la condenó, aceptó como prueba una fotografía publicada por un diario local en el que se informa del incidente y en la que aparece Jacinta Francisco Marcial asomándose al lugar para enterarse de lo que estaba pasando en la plaza de su pueblo.

Quinta. La sentenciada no ha contado con un traductor en el momento de su declaración preparatoria ni en diligencias posteriores.

Esta última irregularidad también se constituye en una grave violación a la garantía del debido proceso, y que ya ha sido reconocida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en su recomendación 01/2009.

*Historia de ignominia

Por eso es que la OMCT expresó su seria preocupación por la integridad física y psicológica y por la situación jurídica de Jacinta Francisco Marcial y de las otras dos indígenas.

En mayo pasado se llevaron a cabo diversas diligencias judiciales en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de Querétaro, dentro del proceso seguido a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, en cumplimiento de la reposición de procedimiento ordenada por el Tribunal Unitario que conoció el caso en segunda instancia.

A las diligencias se presentaron algunos de los policías federales que se dicen víctimas de las tres mujeres, y mostraron nuevamente la inconsistencia de su versión de los hechos, al no poder establecer clara y precisamente cómo es que éstos ocurrieron.

Al ser careados, los agentes reconocieron que habían entablado una negociación con algunos comerciantes que reclamaban el pago de la mercancía que les había sido confiscada arbitrariamente; además, aceptaron que en ningún momento estuvieron incomunicados.

El 19 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la PGR para que sancione a los funcionarios que acusan falsamente a doña Jacinta.

Bernardo Romero Vázquez, quien es presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray Jacobo Daciano reflexionaba sobre esta situación, de la siguiente manera: “De aceptar la recomendación, la PGR reconocería por consecuencia, la falsedad de las acusaciones y la inocencia de doña Jacinta y sus coacusadas”.

*Grave violación

En un comunicado a la prensa emitido el primer minuto del lunes 3 de agosto, la Organización Mundial Contra la Tortura establece con claridad su visión del asunto.

“Los casos de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, son sintomáticos de la vulnerabilidad de los indígenas y en particular de las mujeres indígenas quienes sufren con mayor intensidad los fenómenos de discriminación, exclusión y marginación del sistema de justicia”.

Por esto es que el Secretariado Internacional de la OMCT hizo un llamado a las autoridades mexicanas pertinentes para que “analicen minuciosamente el caso, tengan en cuenta las graves irregularidades que han rodeado la acusación contra la señora Jacinta Francisco Marcial y sus coacusadas y lo resuelvan con base en la verdad y conforme a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Mexicana, los estándares de protección de los derechos humanos y los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado”.

Lo más lamentable del caso, es que el gobierno de Querétaro, encabezado por Francisco Garrido Patrón, no haya realizado pronunciamiento alguno en torno a la situación de las tres ciudadanas queretanas.

Nada para evitar que se sigan violando sus derechos humanos.

Es motivo de preocupación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presidida por Adolfo Ortega Osorio, poco o nada haya hecho para defenderlas.

Es lamentable que en una entidad cuyos gobernantes presumen que se respeta la ley y se trabaja por el bien-estar de su población, se violen los derechos humanos de tres ciudadanas queretanas y nadie de ellos alce la voz.