08 de febrero del 2010

Código Político. Tiempo perdido

Por Juan José Arreola

Parte en broma y parte en serio, entre diputados y periodistas queretanos está vigente una especie de análisis prospectivo muy simple y que invariablemente apuesta por una futura legislatura ya no tan mala como la que termina. Así sucedió -desde que recuerdo- cuando concluyó la 53 legislatura; apostábamos a que no habría otra más criticable por sus gazapos. Sucedió también con la 54 y siguió la tradición con la 55.

Hoy pareciera ser que los diputados de la 56 legislatura de Querétaro, se han empeñado en demostrarnos muy pronto, que sus antecesores tuvieron más equívocos que ellos.

Dicho en otros términos, pareciera ser que tienen conocimiento de este análisis (salvaje) prospectivo y quieren echarlo por tierra.

*Remedios y correcciones

Apenas la semana anterior, decidieron desechar siete leyes que sus antecesores, los representantes populares de la 55, les habían “heredado”.

Uno de los argumentos esgrimidos para votar en contra tales ordenamientos legales, fue que “presentan diversas inconsistencias de redacción y ortografía que derivan en confusión del contenido de algunos artículos”.

Y aún cuando los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) se opusieron al rechazo en cuatro de las leyes, a fin de cuentas se votaron en contra, con el respaldo de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Nueva Alianza (Panal), de Convergencia y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Estas iniciativas fueron descartadas, debido a que presentan diversas inconsistencias de redacción y ortografía que derivan en confusión del contenido de algunos artículos.

En el caso de la Ley de Tránsito, por ejemplo, los diputados decidieron que debía rechazarse porque, además de contener errores de ortografía y de redacción,

“se hace referencia a la actual Secretaría de Seguridad Ciudadana con su anterior denominación: ‘Secretaría de Seguridad Pública del Estado’, creando con ello error”.

También “establecen las sanciones a las que pueden ser acreedores los infractores, entre ellas la multa que irá de una a treinta veces el salario mínimo general vigente en la zona, circunstancia que contraviene lo dispuesto por el artículo 21 constitucional”.

En el caso de la Ley General de Organismos Descentralizados y la Ley Artesanal, el rechazo se debió “a la inexistencia de elementos suficientes que permitan replantear o aprobar el dictamen de las iniciativas de mérito… se estima que la propuesta formulada en el documento en estudio no contiene los elementos necesarios para hacer posible el cumplimiento de sus objetivos”.

Hubo otro tipo de argumentos en el caso de las iniciativas de Ley que reforma diversos artículos del Código Urbano.

Se votó en contra de que entrara en vigencia, por “falta de claridad para determinar la forma de operar de los organismos tales como la Comisión Estatal de Agua y la Comisión Estatal de Caminos, así como la creación de las disposiciones, normas y procedimientos para regular la autorización de las obras de utilidad pública y que éstas sean congruentes con los planes de desarrollo urbano”.

Las leyes rechazadas por los diputados y que, en consecuencia, deberán de reformularse, son: Ley de Tránsito; Ley General de Organismos Descentralizados; Ley Artesanal; Ley de Fomento Económico; Ley que reforma diversos artículos del Código Urbano del Estado de Querétaro, Ley Condominal, Ley de Obra Pública

*Largo historial

A esta resolución, tomada -reitero- la semana antepasada, se suman otras más, prácticamente del mismo corte, como es el caso último, de la reforma a los artículos 17, 22, fracción X, 29, fracción VII y 37 de la Constitución Política del Estado de Querétaro.

En términos llanos, tales enmiendas permiten regresar la fecha del informe del gobernador, al 25 de julio y quitarla de febrero, como la habían colocado los diputados de la 55 legislatura.

Es la primera enmienda “grande” realizada a la Constitución que fuera enmendada por la 55 legislatura y que defendieron, a capa y espada, legisladores -en ese entonces- como Marco Antonio León Hernández, Eric Salas González o Martín Mendoza Villa.

Apenas, también, la semana anterior, el legislador del PAN, Marcos Aguilar Vega, ya planteó la necesidad de ir más a fondo en las reformas que requiere esa constitución “reformada” por sus antecesores.

El historial de la 55 no termina ahí. Nada más para agregar elementos pendientes, también recordamos la denodada lucha que dieron varios de sus integrantes, por modificar la constitución en aras de desaparecer o, por lo menos, maniatar a la Comisión Estatal de Información Gubernamental.

Su empeño los llevó a enfrentarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a perder legalmente frente a ella.

La última fue la enmienda al artículo dos de la misma Carta Magna, en la que se establece la defensa que asume el Estado de sus ciudadanos, con la puntualización de que esa acción de defenderlos empieza, obligatoriamente, desde la fecundación.

En términos llanos, el Estado se opone, a través de ese artículo, al aborto.

Muy seguramente seguiremos recordando a la anterior legislatura y a varios de quienes la integraron, y no precisamente por sus aciertos.

En ese recuerdo va la duda que aún nos queda: ¿Erraron tanto por cuestiones de desconocimiento legislativo, por falta de experiencia o, por el contrario, por conveniencia política; por atender los acuerdos pactados?

Solamente es pregunta que no sabemos, a ciencia cierta si queremos sea o no respondida.

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