Código Político. Corrupción e impunidad

Por Juan José Arreola

Aunque captó mayor atención de la prensa local el citatorio que giró la Secretaría de la Contraloría al ex director de la Comisión Estatal de Caminos, Santiago Martínez Montes, para que acudiera a “aclarar” detalles de la ejecución de obras durante el periodo que fungió como funcionario estatal, en realidad hubo otros asuntos más relevantes que no fueron tomados en cuenta.

Uno de ellos fue, ni duda cabe, las revelaciones que ante los diputados de la 56 legislatura hizo el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, Rafael Castillo Vandenpeereboom.

*Interés ciudadano

El funcionario estatal les dijo a los legisladores que forman parte de la Comisión de Hacienda, que en por lo menos cuatro administraciones municipales correspondientes al trienio 2006-2009, se gastó más dinero del que tenían presupuestado.

En esta situación se encuentran las anteriores administraciones de Querétaro, San Juan del Río, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, cuyos presidentes municipales fueron Manuel González Valle, del Partido Acción Nacional (PAN); Jorge Rivadeneyra Díaz, también del PAN; Martín Vega Vega, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Noé Zárraga Trejo, miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Y aún cuando pareciera obvia la explicación, vale destacar que Castillo Vandenpeereboom les dijo a los legisladores: “el déficit conocido en San Juan del Río, en Querétaro y en muchos municipios más, tiene que ver, de manera a lo mejor muy general, en gastar lo que no tenemos y más cuando es recurso público”.

Por eso es que en estos días, la Auditoría Superior de Fiscalización analiza en qué se gastaron el dinero para, así, determinar las suficiencias o insuficiencias presupuestales con las que contaba cada uno de estos municipios, en el momento que llevaba a cabo todos esos contratos.

Rafael Castillo se reunió con los diputados de la 56 legislatura local que forman parte de la Comisión de hacienda, con la finalidad de darles a conocer, precisamente, en qué parte va el análisis de las auditorías a las anteriores administraciones.

Dicho en otros términos, ahora se indagará si estos ex alcaldes y los que se llegaran a sumar ahora que concluyan las auditorías, gastaron más dinero del que tenían por negligencia, por incompetencia o por interés particular.

En esa reunión, el presidente de la comisión legislativa, el diputado Fabián Pineda Morales, tocó un aspecto vital: lo que la población -o parte de ella- considera que está sucediendo.

Aseguró el diputado que existen muchas inquietudes en amplios sectores de la ciudadanía sobre presuntos malos manejos de recursos en las pasadas administraciones, por lo que es interés de la Comisión de Hacienda conocer los pormenores y la etapa en la que se encuentran cada uno de los asuntos de interés público.

El diputado no erró. Su planteamiento tiene que ver con una demanda largamente planteada y prácticamente insatisfecha, hasta ahora, que es la de combatir la corrupción y castigar a los responsables de la misma; es decir, evitar la impunidad.

Si falta la segunda de ellas, simple y sencillamente nada cambia con relación al viejo régimen en el que prevaleció eso, la impunidad de quienes en el ejercicio del poder, violentaban las leyes, y nada pasaba, ni les pasaba.

Sin embargo, la historia última, la que iniciamos con la alternancia en el poder, hace ya trece años, no demuestra que nada hemos avanzado en este renglón.

Durante los sexenios gubernamentales de Ignacio Loyola Vera (1997-2003) y de Francisco Garrido Patrón (2003-2009), considerados como los clave para la transición democrática de la entidad, no hubo un solo procedimiento que revelara la lucha contra la corrupción y la impunidad. Uno solo no hubo.

La falta de voluntad política para combatir esos vestigios del viejo sistema político, no solamente fue notorio en el Poder Ejecutivo; las cuatro legislaturas que tuvieron vigencia durante esos doce años (las legislaturas 52, 53, 54 y 55) dejaron como saldo una inoperancia brutal.

Ningún diputado de las cuatro legislaturas tuvo la visión de plantarse una reforma legal que combatiera frontalmente la corrupción y la impunidad. La 56 legislatura no ha dado señal alguna de que pudiera cambiar.

Por eso, ante la ausencia de una ley que castigue la corrupción en Querétaro, poco o nada de utilidad tiene el que ahora conozcamos que hubo desvíos de recursos públicos, pues está claro que no habrá sanciones.

Es similar la situación que vivimos al momento que enfrentó Vicente Fox Quesada cuando, siendo presidente de la república, quedó al descubierto la compra, a precios exorbitantes, de toallas para la residencia oficial de Los Pinos.

En ese momento, Fox Quesada presumió -aunque no lo creamos- lo sucedido, argumentando que era tal la transparencia que su administración impulsaba, que se sabía todo, hasta el precio de las tollas.

De castigos o sanciones a los responsables, nada. Absolutamente nada.

Por eso es que ahora no resulta ocioso el que cualquiera de nosotros, como ciudadanos que somos, cuestionemos severamente que se hará en estos cuatro casos de los ex alcaldes.

De qué nos sirve -siguiendo el caso foxiano arriba planteado- que sepamos que se gastaron más dinero del que tenían, si no serán castigados. De qué nos sirve saber que se les investiga si no se les obligará a reintegrar el monto con el que se sobregiraron.

Por eso, cada vez que nos hablan de transparencia, de combate a la corrupción, de gobiernos honestos y de calidad, de diputados comprometidos y de todas esas lindezas, nada es creíble.

Cuando los diputados y, en general, los gobernantes queretanos asuman su responsabilidad de erradicar la impunidad, ese día sabremos que realmente las cosas han cambiado.

Mientras eso no suceda, sabremos que el infortunio sigue con nosotros, pues se reforzará la idea de que sean panistas o sean priistas, estando en el gobierno, resultan ser exactamente iguales.