Código Político. Oportunidad a la justicia

Por | Juan José Arreola

A las nueve de la noche del viernes 19, el juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, confirmó la sentencia dictada a las indígenas queretanas, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, de 21 años de prisión, por considerarlas culpables del secuestro de seis ex agentes federales de investigación.

Seis horas después, a las tres de la mañana del sábado 20, notificó su resolución a las dos mujeres ñhañhü, acción considerada por Amnistía Internacional (AI) como “la confirmación de una situación de injusticia porque ha sido un procedimiento plagado de irregularidades”.

El Director Ejecutivo de AI en México, Alberto Herrera Aragón, afirmó que con este acto, el referido juez “pretende revestir de legalidad la burda fabricación de un delito tan grave como el secuestro”.

*¿Inconsistencias o invenciones?

Alberta y Teresa, junto con Jacinta Francisco Marcial (quien ya fue liberada), fueron detenidas en marzo de 2006, en el tianguis de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán, luego de que la media docena de ex agentes, realizaron un operativo para el decomiso de productos “pirata”.

En una carta que AI entregó en la presidencia de la República así como en la Secretaría de Gobernación y al gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, asegura que “que los cargos contra las tres mujeres eran falsos y que fueron elegidas como un blanco conveniente por su situación marginal en la sociedad, como mujeres indígenas pobres”.

El pronunciamiento de Herrera Aragón no es, ni de chiste, un “rollo” politiquero o demagogia pura. Hay, en realidad, severas inconsistencias en el expediente.

Van algunos ejemplos para medir la dimensión de lo afirmado.

En el expediente, el perito Gabriel Franco Sánchez, fija el lugar de los hechos (el supuesto secuestro a seis ex AFI), mediante la entrega de 17 fotografías del “tianguis, la torre de la iglesia y la casa ejidal de Santiago Mexquititlán”.

El pequeño detalle es que en ese sitio, no hay casa ejidal.

Incluso existe un documento oficial, firmado por el presidente del comisariado ejidal de Santiago Mezquititlán, Francisco Zamorano Armenta en donde establece que “no contamos con casa ejidal, por lo que no existe dicha casa”.

A Alberta Alcántara se le acusa, también, de delitos contra la salud, pues en el expediente de la causa penal 48/2007 en su contra, que bajo el mantel del puesto en donde vendía discos apócrifos, se encontraron 400 miligramos de cocaína, la que pretendía vender.

El detalle, en este caso, es que Alberta no tenía puesto comercial alguno en el tianguis de Santiago Mezquititlán y, por obvia razón, no se sostiene el hecho de que vendiera droga.

Incluso, entre las pruebas del caso, no hay una sola que demuestre esta acusación.

Un elemento más. El juez resolvió y dictó sentencia, teniendo como sustento, entre otros elementos, tres testimonios de oídas, tres fotografías privadas (las que no prueban las acusaciones), además de que los seis agentes policiales, participan en el proceso en calidad de ofendidos, pero también de acusadores, lo que la justicia mexicana no permite.

Solamente con estos elementos -no hay necesidad de más- el proceso mismo podría desmoronarse.

El asunto no es apostar a ciegas por la inocencia de Alberta y Teresa, o pretender su libertad burlando la justicia. Se trata, simplemente, de que esa justicia sea real. Solamente eso.

*Obligación gubernamental

El Secretario de Gobierno en Querétaro, Jorge García Quiroz, aseguró que la administración estatal y, específicamente, el mandatario del estado, José Calzada Rovirosa, “simpatizamos con esta causa”.

García Quiroz se reunió con el representante de AI en México, Alberto Herrera y con Gabriel Alcántara Juan, hermano de Alberta y esposo de Teresa, a quienes les dijo que el gobierno estatal se mantendrá al tanto del caso y, en la medida de sus posibilidades, realizando gestiones para que las dos queretanas obtengan su libertad.

Confirmó también que el gobernador, José Calzada, se reunió con el procurador General de la República, para evaluar la situación del caso, e incluso, por escrito, le hizo llegar sus apreciaciones y la puntualización sobre algunas inconsistencias del proceso.

Es importante destacar el involucramiento de la administración estatal en el caso, no pensando en la posibilidad de que vía las presiones desde la Casa de la Corregidora, pudieran liberarse a las dos queretanas.

Tampoco es viable suponer que con la recolección de firmas y firmas y más firmas en demanda de su libertad, ésta se logre pues, real es el hecho de que la justicia no es un asunto de la política o de quién reúne más “abajo firmantes”.

Ni buena voluntad pero tampoco presiones.

No debemos mal entender el obligado involucramiento en el caso, del gobernador Calzada, pues liberar a Teresa y Alberta no es -reiteramos- asunto de discursos y mensajes cifrados.

La Constitución mexicana; específicamente el artículo 121, mandata al gobernante estatal a respetar y hacer respetar las leyes de la federación. Es su obligación, pues, procurar justicia para las dos mujeres amealcenses y para todos los queretanos.

De nuestra parte, como ciudadanos, pareciera ser un mejor mecanismo exigir que el titular del Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de dar la cara por sus gobernados; que demandemos justicia sin desvíos, sin vericuetos y sin falsedades.

O como dicen Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, en la carta que enviaron al gobernador del estado, José Calzada Rovirosa: “La nuestra es una lucha constitucional por la libertad y la verdad. La que acepta luchar y vencer por medio del derecho. A esta verdad y lucha lo invitamos, señor gobernador. Los ojos de la nación esperan y observan. En nuestro juicio también comparece México y usted mismo”.