Reprueba despliegue de Estado

FOTO: Pidió a las autoridades que se empleen las mismas técnicas para localizar a migrantes desaparecidos.

Martín Uribe O.

Querétaro, Qro.- El diputado local, Fernando Rocha Mier, en entrevista para El Regional, reprobó en forma categórica el despliegue de todo el aparato de estado en el caso Diego, realizado por el gobierno federal y el de Querétaro, dejando tantos casos en el escritorio de ciudadanos comunes, cómo es el de los migrantes de Landa de Matamoros y Pinal de Amoles de quienes, a dos meses de su desaparición no se sabe absolutamente nada y las investigaciones se encuentran empantanadas.

El legislador lamentó la penosa desaparición del ex candidato presidencial y reconocido panista, Diego Fernández de Cevallos, y se pronunció a favor de la igualdad de esfuerzos realizados en cuanto a la localización de personas sin importar que sea un excelente político, un empresario exitoso, un destacado ser social o simplemente un hombre común y corriente, cómo es el caso de los migrantes que salieron de su tierra natal buscando el ¨sueño americano¨.

Entre otras cosas, el político señaló que es inconcebible que en pleno siglo XXI sigan existiendo en México seres sociales de “primera y segunda” categoría, en cuanto a la impartición de justicia se refiere.

Por otro lado, Rocha Mier reconoció el grave fenómeno que representa la migración hacia Estados Unidos por parte de los serranos y que se ve reflejada en el aumento constante de familias disfuncionales, en el creciente número de enfermedades, básicamente las de transmisión sexual, cierto grado de neurosis y lo que es peor, el abandono total de las familias que se quedan esperando el pronto regreso de los suyos, cuestión que en muchas de las ocasiones no se da.

* Edil jalpense se une a pronunciamiento

Respecto al tema y en entrevista para El Regional, el edil de Jalpan Miguel Ángel Torres Olguín, levantó la voz y se pronunció también, a favor de la igualdad en el seguimiento y esclarecimiento del delito por parte de las autoridades.

Reconociendo así que todo ciudadano, sin importar su condición social o económica tiene los mismos derechos y obligaciones; y que en materia de seguridad e impartición de justicia sean tratados todos por igual, finalizó.