Código Político. Entender la seguridad

Luego, apenas el 15 de febrero, tres cuerpos más de personas ejecutadas en el sitio en donde se localizaron, en la zona limítrofe de los estados de Michoacán y Querétaro. Las 2 mujeres y el hombre ejecutados eran vecinos de Amealco.

*Delincuencia apátrida

Vale la pena resaltar este dato, del sitio en donde fueron encontrados. La Procuraduría General de Justicia queretana confirmó, mediante comunicado enviado a la prensa un día después del suceso, que elementos de ambas entidades realizaban estudios catastrales para determinar a qué entidad pertenecía el sitio en donde se encontraron los cuerpos.

Aunque es importante, por ahora le daremos trato de intrascendental si pertenece a Querétaro o a Michoacán el sitio del ataque. La conclusión que debemos derivar del suceso es que el crimen organizado no tiene fronteras y por lo mismo no nos gustaría afirmar (o rechazar) que respetan uno u otro territorio.

Como dijera el pasado martes a su paso por México el vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales, el crimen organizado es apátrida.

En este contexto hay que ubicar la actitud que asumió el presidente municipal de Amealco, Rosendo Anaya Aguilar, de citar a los medios de comunicación, dar su versión sobre la seguridad de ese territorio y advertir que debe de reforzarse la vigilancia, so pena de enfrentar situaciones más complicadas.

Salió a enfrentar mediáticamente el suceso y a poner “las cartas sobre la mesa” en lo referente a la seguridad. Específicamente, solicitó al gobierno federal y al estatal mayores recursos para tratar de evitar la incursión en el territorio amealcense de hechos delictivos vinculados con delincuencia organizada.

Textualmente comentó a los reporteros que consideraba que los hechos suscitados en los últimos 10 días cerca del municipio de Amealco, “no son otra cosa más que la problemática general que acecha a todo el país”.

En consecuencia reaccionó de manera similar a como lo haría cualquier otro edil del país, al solicitar el reforzamiento de la seguridad en la zona con el envío de más elementos policiales.

Y aún cuando se comprometió a garantizar la seguridad de los pobladores de su municipio, es real que no todo depende de él como tampoco de los elementos policiales.

En tono similar se pronunció el gobernador del estado, José Eduardo Calzada Rovirosa, tal como lo ha hecho cada ocasión que el tema de discusión pública es la criminalidad y la violencia: Querétaro -dijo- es una entidad segura.

Cierto, no miente. Mantiene estándares muy por arriba de casi todo el país por cuanto hace a la seguridad y la paz social.

Pareciera ser, sin embargo, que ninguno de los gobernantes se ha planteado el escenario de lo que habría que hacer si llegara a cambiar la situación. Incluso los cuestionamientos deberían de ser en un periodo hipotéticamente intermedio: ¿El reforzamiento policial y el armamento es suficiente para evitar que la violencia y la delincuencia organizada campen en la entidad?

* La corrupción criminal

Uno de los elementos claves para enfrentar este fenómeno, es lo que se ha dado por llamar “blindaje” del sistema gubernamental; es decir, el combate a la corrupción desde los elementos policiales hasta el gobernante principal, llámese regidor, presidente municipal o gobernador.

Evitar la corrupción permitirá crear un escudo para tratar de frenar con mayor posibilidad de éxito el intento de los criminales por ingresar a las instancias gubernamentales y se puede, con mejor condición, combatirlos mediante las acciones policiales.

Vale recordar que ciudades como Tijuana, Juárez, Culiacán, Monterrey o Colima, por citar algunas, han caído en manos de la delincuencia organizada a partir de la corrupción de sus policías.

La noche del jueves pasado, 39 policías ministeriales de Colima presuntamente vinculados con grupos delictivos que operan en la entidad, fueron remitidos por la Marina Armada de México a las instalaciones de la Subprocuraduría en Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Si existe coincidencia en esta visión, entonces deberemos de considerar que las armas, los enfrentamientos y la mayor cantidad de policías son parte de la solución pero no la única vía para lograrla.

El país y Querétaro tienen la obligación de trabajar ya en acciones que detengan con certeza, los altos índices de corrupción que enfrentamos.

Necesariamente, entonces, hay que voltear a ver a los diputados, pues son ellos los responsables de hacer las leyes con los que todos podremos combatir la criminalidad. Leyes anti-corrupción pero también leyes formativas de ciudadanos “blindados” con valores contra la criminalidad.

Específicamente mencionar a diputados como Antonio Cabrera Pérez que preside la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil; a Luis Antonio Macías Trejo, presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia; y a Abel Espinoza Suárez, presidente de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Hasta hoy nada sabemos que nuestros diputados hayan creado una sola ley para enfrentar la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada.

Nada hay en específico en este asunto. Pareciera ser que estamos esperando que lleguen los delincuentes, causen desastres, alarmen a la población y nos emparejemos con el resto del país.

Combatir la delincuencia organizada y la violencia no solo es asunto de policías. Pero los diputados no lo han entendido. Por eso prefieren seguir en su dinámica de insultarse, pelear y discutir intrascendencias, antes que velar por la ciudadanía.

Ojalá que no llegue el momento de que lo único que podamos hacer sea arrepentirnos y escondernos para no ser agredidos.