Código Político. Justicia

Atrás de ellos venía un grupo de adolescentes, quienes les dijeron que corrieran que la policía los venía siguiendo. En lugar de hacerlo, optaron por quedarse ahí, confiando en que nada les harían pues nada ilegal habían hecho ellos. Los uniformados llegaron, los amedrentaron y les dijeron que ellos los habían insultado, lo que provocó que los muchachos corrieran.

*Corretiza mortal

A la subida de un cerro aledaño a la comunidad, alcanzaron a Daniel García Morales, a quien golpearon con la culata de sus escopetas; le pegaron en las costillas y en la espalda. Luego lo esposaron y se lo llevaron a Peñamiller. A Luis Enrique Trejo Linares, de 16 años de edad, lo alcanzaron a medio cerro. Ahí lo golpearon hasta quitarle la vida. Dos personas ubicadas en puntos diferentes, atestiguaron el hecho.

Sin embargo, el ministerio público del caso decidió archivarlo y desestimar las testimoniales.

Hoy, los policías que asesinaron a Luis Enrique siguen en servicio en el municipio de Peñamiller; y por eso, los padres del adolescente, en compañía de una veintena de vecinos de la comunidad de El Sauz, viajaron a la ciudad de Querétaro para pedir el apoyo de los diputados locales.

El abogado de Esperanza y Ascensión, Enrique Becerra Arias comentó que debido a que en ese tiempo el agente del Ministerio Público estaba por jubilarse, “no integró bien la investigación ni tomó en cuenta las pruebas ni a los testigos que relacionan a los policías de manera directa en este ilícito”.

Los uniformados, dijo Becerra Arias, argumentaron que Luis Enrique se cayó y perdió la vida, por lo que fueron absueltos. Sin embargo, los testigos afirman que observaron cómo los 2 muchachos fueron golpeados por los policías.

En voz bajita, casi hecha un murmullo, Esperanza Linares Fabián platica que tuvo oportunidad de hablar con el gobernador, José Eduardo Calzada Rovirosa. Lo hizo hace varios días en Tolimán. Le pidió ayuda para castigar a los responsables de la muerte de su hijo.

Dice que el gobernador le contestó que el problema estaba allá, en Peñamiller, con el presidente municipal, Eleazar Munguía Olvera.

*Tortura y droga

El mes pasado sucedió un procedimiento judicial muy parecido. El ministerio público encargado de resolver la denuncia que interpusieron Lanka Ixchel Escobedo y su esposo. Dellonce Miles Pérez González, solicitó se archivara su expediente, a pesar de las múltiples pruebas que la pareja presentó con las que se demuestran que policías municipales de Querétaro los torturaron y sembraron droga en su automóvil.

Fue el 26 de agosto de 2009 cuando a Dellonce y Lanka fueron interceptados por una camioneta blanca de la cual bajaron seis policías municipales portando pasa montañas y cargando armas largas.

Los bajaron a la fuerza, lo esposaron y acostaron boca abajo en el suelo mientras lo pisaban y colocaban una bolsa de plástico sobre su cabeza, con la finalidad de que confesara que portaba droga y que se dedicaba a su venta.

Acudieron al gobernador del estado, José Calzada y al procurador, Arsenio Durán Becerra, de manera semejante a como lo hicieron los padres de Luis Enrique, Esperanza Linares Fabián y Ascensión Trejo.

Miles Pérez denunció que el 29 de marzo de este año, la agente adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, solicitó se archivara el expediente, a pesar de no haber revisado toda la evidencia del caso.

El lunes 2 de mayo, en compañía de su esposa Lanka Ixchel Juárez Escobedo, Dellonce Miles abordó al gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, al concluir la ceremonia semanal de honores a la bandera y le pidió que intercediera para poder reunirse con el procurador general de Justicia, Arsenio Durán.

Le dijo al mandatario que a las pocas horas que fue detenido, lo presentaron ante los medios de comunicación de Querétaro como “narcotraficante”, sin saber por qué.

“Es día que mi esposa no encuentra trabajo porque la acusan de narco y yo tuve que cerrar mi negocio porque dicen que estoy metido con drogas, y eso no es cierto”, dijo Dellonce Miles al gobernador.

Casi 30 días después de esa ocasión, Dellonce Miles fue finalmente recibido por el procurador del estado, y días después de que el ministerio público solicitó se archivara el expediente.

A las dos familias, el gobernador José Calzada les prometió justicia. En los dos casos, los correspondientes agentes del ministerio público desestimaron las pruebas presentadas por las víctimas de los policías, y en los dos casos, los ministerios públicos optaron por archivar el caso.

En ninguno de los casos hubo oportunidad de que el titular de la Procuraduría General de Justicia revisara los expedientes.

En los dos casos los afectados han dicho estar dispuestos a revisar los expedientes y en los dos casos, los policías involucrados no han comparecido o lo han hecho sin el rigor que una investigación imparcial lo exige.

En los dos casos, los uniformados siguen en servicio y en los dos casos, los respectivos presidentes municipales de Peñamiller y Querétaro, los han defendido.

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