Código Político. Fantasmas
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Por Juan José Arreola
Cuando en México ningún partido político, destacadamente el Revolucionario Institucional (PRI) ni postulaba ni tenía mujeres como gobernadoras, la justificación a tal política discriminatoria, era decir que el país o determinada entidad no estaba preparado para ser conducido por una mujer. |
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Pasaba igual en el deporte, por ejemplo, en el futbol, cuando todavía no llegaban las mujeres árbitros o abanderadas, la cantaleta era igual: que no estábamos preparados, bla, bla, bla. Apenas la semana pasada, escuchamos que ese infame argumento fue utilizado por el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Salvador Martínez Ortiz, para tratar de explicar el porqué él y su partido se oponen a que las parejas formadas por personas del mismo sexo puedan adoptar infantes. Más allá de que estemos o no de acuerdo con esta posibilidad jurídica, el argumentar que no se debería de permitir esta acción pues la entidad “no está preparada para dar paso” como ese, agrede la posibilidad de un debate abierto, propio de la democracia. *Argumentos Ciertamente que resulta ser un debate espinoso este de admitir o no la existencia legal de los llamados matrimonios entre personas del mismo sexo; más se complica cuando pensamos en aceptar tales uniones, darles derechos y, por ende, el extremo llega cuando pensamos en la posibilidad de la adopción. Justamente por esto es que destaca el hecho de que Salvador Martínez haya anunciado la preparación de una reforma al Código Civil de Querétaro, a fin de prohibir expresamente que parejas formadas por personas del mismo sexo, puedan adoptar niños, El impulsor de la iniciativa, el diputado Salvador Martínez Ortiz, afirmó que Querétaro debe de “blindarse” hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelta en torno a la validez o no de las reformas al código civil del Distrito Federal, que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo y las autoriza para adoptar niños. “Nosotros tenemos la obligación, mientras la corte determina la validez de las normas del Distrito Federal, de promover las iniciativas para poder ‘blindar’ y dar seguridad a los menores; tenemos que hacerlo porque mientras esto no se abra al debate en Querétaro, nosotros tenemos que blindarlo”, dijo el legislador. Especificó que para evitar que la ley quede establecida una prohibición o se escriba en sentido negativo, la idea es que se especifique que el derecho de adoptar a un menor de edad es exclusivamente para matrimonios entre hombre y mujer. Para el diputado del PAN y presidente de la Comisión de la Familia en la 56 legislatura de Querétaro, la sociedad queretana no está preparada para dar un paso como el que ha dado el Distrito Federal, por lo que, en su labor como legislador, procurará -mediante esta iniciativa- impedir que estos matrimonio tengan repercusiones en la vida de los queretanos. “Como hoy está la norma y como está la Constitución del país, los efectos ya empiezan a sentirse en las entidades y en cualquier momento, no duden que puedan acudir a Querétaro a pretender tramitar alguna adopción, porque hoy nuestro código civil no lo impide, entonces si no está prohibido está permitido”, dijo.
*Contra matrimonios gay En sesión ordinaria de los legisladores que forman parte de la Comisión de la Familia -cuyos cuatro integrantes son todos miembros del PAN- aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “para que declare la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores”. El exhorto, que también será enviado a las legislaturas de los estados de la República Mexicana, y al Congreso de la Unión, solicitándoles se adhieran a la misma, fue aprobado con el voto de tres de los cuatro integrantes de la comisión: Salvador Martínez, Pablo Ademir Castellanos Ramírez y Gerardo Cuanalo Santos, en tanto que la diputada María Micaela Rubio Méndez se abstuvo. El presidente de la comisión legislativa, Salvador Martínez, afirmó que este exhorto es con el objetivo de alzar la voz como representantes populares de la entidad, por la decisión aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que tiene efectos jurídicos en los demás estados de la República. “Como queretanos, no fuimos incluidos en esa mesa de discusión, y por lo tanto sí tendríamos que adecuar nuestra norma y generar ciertas acciones para dar cumplimiento a los efectos que se tendrían ahora por esos matrimonios, por lo que es obligación hacer este pronunciamiento”. Este último señalamiento es, justamente, el punto de partida para una nueva reflexión. Tiene razón el diputado cuando cuestiona la ausencia de consulta al Poder Legislativo queretano, para la decisión que se tomó en el Distrito Federal. En esa lógica, sin embargo, los ciudadanos tenemos también razón de cuestionar el porqué él toma una decisión -la de promover la reforma al Código Civil- sin consultar a la población queretana. Más allá de los resultados, de la postura que los queretanos adoptemos sobre este tema, el tema nos deja en claro que la mala costumbre de no consultar, de no preguntar, prevalece en los diputados. En este caso particular, le ganó al diputado Martínez su postura ideológica que el deber moral de crear consenso. Por supuesto que tiene todo el derecho a pensar como mejor considere pertinente; mal haríamos (y haría) en atacar esa acción. Lo malo es que, aprovechándose del cargo, los diputados aprovechen para imponernos. Es, claro está, reflejo de la inmadurez de la democracia por la que transitamos, lenta, trabajosamente; con obstáculos que, por infortunio, nosotros mismos ponemos. |