Código Político. Asunto mediático

FOTO: José Eduardo Calzada Rovirosa.

De manera intempestiva, para decir lo menos, la “línea” cambió; los días lunes y martes de la semana anterior e incluso el mismo domingo antecedente, las instancias gubernamentales pusieron especial interés en que se conociera que hacían todos los esfuerzos posibles por localizar a Diego Fernández de Cevallos Ramos.

Un día después y, específicamente, en el transcurso de la tarde, la señal cambió. Se viró 180 grados en la política de comunicación, ordenándose el silencio total. Ahora, nadie podía hablar, nadie podía hacer pronunciamientos y nadie más podía referirse al tema que se volvió un moderno tabú.

*Mensajes políticos

Cuando aún no se cumplían los tres días de la extraña desaparición de Diego Fernández, se conoció que el sábado, el domingo y el lunes 15, 16 y 17 de mayo, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el Procurador General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, se reunieron con el gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa y con los responsables de la seguridad del gabinete estatal, para darle seguimiento a la desaparición del ex candidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos Ramos.

Esas reuniones son el punto de arranque. ¿Qué habrán encontrado? O ¿De qué se habrán enterado que, de manera inmediata suspendieron las mismas reuniones y la información?

Muy complicado responder esas preguntas, aún cuando sí está a nuestro alcance resaltar algunos detalles del caso.

Primero. En las reuniones del sábado 15 y del lunes 17, participó el Coordinador de Seguridad Regional, y responsable en la Policía Federal Preventiva (PFP) en la persecución del secuestro, Luis Cárdenas Palomino.

Su presencia -sin necesidad de que se emitiera u comunicado a la prensa- dejó en claro que la línea de investigación prioritaria era la del secuestro.

Segundo. No obstante lo anterior, las autoridades responsables de la seguridad, acordaron -en esas mismas reuniones- que las indagatorias fueran conducidas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Querétaro. ¿Por qué? Simplemente por mantener la expectativa de que lo sucedido a Diego Fernández no se vinculara con la delincuencia organizada o, con delitos del fuero federal.

Tercero. Justo después del mediodía del miércoles 19 inició un proceso informativo contrario. Se suspendieron los comunicados enviados a la prensa por parte de la PGJ y la PGR; desde ese momento y hasta este viernes, nada, absolutamente nada de información sobre el caso.

Este vacío “informativo” deja la sensación de sospecha; nada hay de qué informar o, por el contrario, hay tanto de qué informar que es mejor no difundirlo.

Es un día después, también, en que Televisa decide autocensurarse y anuncia que ya no habrá más información sobre el caso. Lo mismo hace ACIR Radio, en tanto que varios medios de comunicación -sobre todo radiofónicos- con sede en el Distrito Federal optan por solicitar el regreso a sus reporteros que enviaron a Querétaro.

Y surge, entonces, la máxima de decir que no se debe de informar más sobre el caso pues de lo contrario; es decir, informando del mismo, se pone en peligro la vida de la persona desaparecida, cuando ese peligro inició justo en el momento en que fue plagiado.

*Oficial y social

Ese silencio oficial ha permitido que crezca la especulación sobre lo sucedido. La especulación, a su vez, ha dado pauta para que circulen versiones que han obligado a emitir respuestas forzadas.

El caso ejemplar fue el que estalló justo cuando el presidente de la república, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se encontraba en Estados Unidos. Corrió la versión de que a Diego Fernández lo había secuestrado el narco porque lo querían canjear por uno de los suyos.

El presidente tuvo la necesidad de salir al paso para negar, públicamente, que fuera cierta tal versión. Más aún, el mandatario nacional incurrió en un desliz discursivo al referir, palabras más, palabras menos, que él sabía cuándo le mandaba mensajes el narcotráfico, y éste no era de ellos.

El silencio oficial también cayó de peso a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) pues es a este instituto político al que pertenece Diego Fernández; es también en esta entidad en donde reside desde hace años y en donde vivieron, prácticamente toda su vida, sus padres.

En medio de la imposición del mutismo y la desesperación de enfrentar estas condiciones, el panismo queretano -dirigido por el diputado local, Ricardo Anaya Cortés- nos sorprendió con la colocación de anuncios espectaculares en los cuales se expresó la solidaridad con Diego Fernández… pero también esa ansiedad que los rodea.

De color azul en el fondo y con el logotipo del PAN, la “buena” acción se trastocó en una especie de provocación y, al final de cuentas, terminó como un escándalo político partidista, pues se acusó de utilizar la figura de Diego Fernández para promocionarse electoralmente.

Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, las redes sociales hicieron su parte. Por el Twitter se difundió una presunta fotografía tomada, en cautiverio, a Diego Fernández de Cevallos.

La foto, presumiblemente, le fue enviada a unos cuatro o cinco periodistas, como es el caso de Julio Hernández y Ciro Gómez Leyva.

El escándalo se ha vuelto mediático; es a través de los medios sociales por donde se empieza a construir una versión popular, que no oficial, de lo que sucede en el país, simple y llanamente porque las vías oficiales se han quedado vacías.

Y vale recordar que en política como en la información, no hay lugares vacíos. En cuando uno se desocupa, de inmediato hay quién y qué lo sustituya.

Eso ha pasado con el mal manejo informativo de la desaparición de Diego Fernández.