Código Político, ¿Quién es el culpable?

Por Juan José Arreola

Desde que iniciaron las nuevas administraciones gubernamentales -las de los 18 municipios y la estatal- casi no ha pasado día sin que surjan denuncias sobre probables irregularidades, acusaciones a los anteriores gobernantes de haber incurrido en ilícitos o, para decir lo menos, en manejos equívocos de los recursos públicos. La “lluvia” de señalamientos, ha tenido como respuesta un pronunciamiento inequívoco de parte del gobernador, José Eduardo Calzada Rovirosa: castíguese a quienes hayan incurrido en ilícitos.

Justamente, la última advertencia en tal sentido fue realizada apenas el miércoles anterior y en el lugar más indicado: la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Ahí, el mandatario aseguró que, sin importar la filiación política ni el rango que tuvieron en el gobierno, los funcionarios públicos que incurrieron en irregularidades, deberán de ser castigados.

Y por esto mismo, pidió a los presidentes municipales y a los cabildos, que también ventilen las irregularidades o ilícitos en que hayan incurrido.

Dijo José Calzada que “es parte de la transparencia y rendición de cuentas… donde existan irregularidades se tiene que castigar conforme a derecho; no especular pero tampoco dejar que estas cosas prevalezcan en la entidad”.

*Una tras otra

Este pronunciamiento fue realizado apenas minutos antes de que el actual vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Sergio Loustaunau Velarde, hiciera pública la existencia de 43 irregularidades hasta ahora contabilizadas por la Entidad Superior de Fiscalización (ESF) en el ejercicio correspondiente al primer semestre del 2008.

De acuerdo a Loustaunau Velarde, “posiblemente exista alguna responsabilidad, si no se solventan, en el sentido de que el vocal (ejecutivo) pudo haber incurrido en haber violado la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, al haber asignado obras por un monto mayor de lo que contempla la ley”.

Apenas el martes de esta semana, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del actual gobierno, Sergio Chufani Abarca, denunció que la anterior administración gubernamental, encabezada por el panista, Francisco Garrido Patrón, pagó entre nueve y 10 millones de pesos por obras que no se ejecutaron.

Estas irregularidades fueron detectadas en la obra denominada Ciudad de la Cultura y las Artes Bicentenario, en cuya construcción -aún no concluida- se han invertido 500 millones de pesos.

Esta es la segunda obra iniciada en el sexenio de Francisco Garrido Patrón en la que se presume hay irregularidades financieras; la otra es el sistema de conducción de agua potable denominado “Acueducto II”, en donde también se realiza una auditoría por haberse detectado inconsistencias en el reporte del avance de la obra.

Las denuncias sobre probables irregularidades e ilícitos, también han surgido en los municipios, incluyéndose el de la capital del estado, en donde el actual alcalde, el panista Francisco Domínguez Servién, aseguró que recibió la administración pública con un “boquete” de aproximadamente 830 millones de pesos.

Domínguez Servién refirió que parte de este déficit se debió a la contratación, sin razón laboral aparente, de alrededor de un millar de personas.

Por esto mismo, el presidente municipal anunció el despido de 50 personas, todas ellas militantes del Partido Acción Nacional, cuya labor no estaba definida en la estructura del gobierno local y que -aseguró- habían sido contratadas sin justificación alguna.

Además, eran integrantes de una quincena de familias, de tal suerte que estaban contratados el esposo y la esposa, los hijos o hermanos.

Sobre estas irregularidades denunciadas, el gobernador José Calzada se comprometió aplicar sanciones en todos los casos que se comprueben; “es una premisa y una obligación; no es una cuestión que se pueda interpretar o que esté sujeta al ‘contentillo’ del gobernante”.

La lista se ha alimentado también con denuncias de los munícipes que inician trienio; por ejemplo, el de Tequisquiapan, Raúl Orihuela González, del PAN, denunció que la administración de su antecesor, Noé Zárraga Trejo, del PRD, aparentemente le heredó un fraude por 20 millones de pesos.

El alcalde de Ezequiel Montes (PVEM), Hipólito Martínez Arteaga, acusó al anterior munícipe, Martín Vega Vega (PRI) de haberle dejado la administración con solamente 23 mil pesos y más de 200 trabajadores innecesarios.

Al asumir la alcaldía de Jalpan de Serra, el alcalde, Miguel Ángel Torres Olguín (PAN), acusó a la administración de su antecesor, Guillermo Rocha Pedraza -también del PAN- de haberle dejado los automóviles oficiales prácticamente inservibles.

También el priista presidente municipal de San Juan del Río, Gustavo Nieto Chávez, denunció la existencia de un presumible fraude de poco más o menos cien millones de pesos.

¿Y en Corregidora? Pues nada más ni nada menos que un presunto contubernio entre autoridades y empresarios, para “clonar” permisos para la venta de vinos y cervezas.

Son, infortunadamente, solamente ejemplos pues la lista continúa

*Historia reiterada

Esta historia -si se recuerda- ya se había escrito, casi en los mismos términos, en el trienio anterior; también había sucedido al arranque de las administraciones municipales 2003-2006 y, antes, en la 2000-2003.

Esto es, ha sido siempre lo mismo: quejas, acusaciones de irregularidades, declaraciones y, al final, ninguna acción legal.

Hoy, precisamente, existe la posibilidad de cambiar la historia y frenar el abuso de poder en el que han incurrido -como lo hemos visto- priistas, panistas, perredistas y, en general, cualquiera que lo haya ejercido

Por eso es que hoy, más que nunca, muchos queretanos estamos a la espera de que las investigaciones determinen, con puntualidad qué acciones ilícitas hubo, quiénes son los responsables de las mismas y, finalmente, cuál es el castigo que merecen… y se les castigue.

No hay vuelta a tras; otra salida, simple y sencillamente será decepcionante e, incluso, podría hablar de complicidades.

Ojalá que no sea así.