Código Político. Asuntos pendientes

El 28 de abril, Alberta Alcántara Juan y su cuñada, Teresa González Cornelio, recobraron su libertad después de haber estado presas en la cárcel de Querétaro por 3 años, siete meses y 28 días.

Las acusaron de haber secuestrado -junto con la también indígena otomí, Jacinta Francisco Marcial- a seis policías lo que, a fin de cuentas, no se demostró.

Durante el tiempo que llevan en libertad -un mes y 5 días- no han recibido apoyo alguno de quienes se los prometieron, como tampoco han recibido las disculpas de parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que fue la instancia que las acusó. Su vida sigue igual o peor.

* Sin respuesta

“Nadie, bueno, la delegada (de la PGR) dijo que sí éramos culpables, o sea ella en su discurso dijo que somos culpable y no da su disculpa” comenta Alberta Alcántara, entrevistada después de haber sostenido un diálogo con estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Dice que sí les deben recibir una disculpa pública “porque somos inocentes y no nos comprobaron ningún delito (por eso) insistimos con la disculpa pública”.

Teresa, por su parte, recuerda haber leído en los periódicos que ellas tenían que solicitar, por escrito, esas disculpas de parte de la PGR.

“O sea (querían) que metiéramos un papel y nosotros no tenemos porqué meter ese papel cuando ellos… la disculpa pública la tiene que dar ellos porque los que se equivocaron fueron ellos, el error no fue de nosotros”, comenta a los reporteros.

Ambas mujeres, habitantes de a comunidad de Santiago Mexquititlán en el municipio queretano de Amealco de Bonfil, confirmaron que no cuentan con trabajo y por eso es que desde que salieron del penal de San José el Alto retomaron la actividad que por mucho tiempo practicaron y que la mayoría de las mujeres ñhañhü realizan, de elaborar muñequitas de trapo.

Teresa recordó que cuando estuvieron en la cárcel las visitaron varios políticos que les prometieron ayudarlas en cuanto salieran.

“No puedo decir nombres, pero varios de los que fueron a vernos nos prometían que: ‘mira, cuando salgan les vamos a apoyar para que ustedes sigan adelante y vamos a apoyarlas’, y ¿dónde está (ese apoyo)? yo no los he visto”, sostiene Teresa González.

* Preguntas difíciles

-¿Hubo quien les ofreciera trabajo, dinero cuando salieran?

Ellos nos decían, por ejemplo, que nos iban a ayudar a salir y que cuando saliéramos que nos iban a apoyar para salir adelante, después de todo lo que nos había pasado. Yo no puedo decir nombres… nosotros lo que queríamos era salir y estar con nuestra familia”.

Especifican, sin embargo, que ellas nunca hablaron directamente con el gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa aún cuando sí platicaron con personal de su administración.

Sin embargo, Teresa aprovecha para aclarar que “nosotras sí estamos agradecidas con el gobernador, porque nos ayudó a salir y que no nos tengan en ese concepto de que somos unas malagradecidas”.

* Pendiente

También, sin resolverse, otro asunto que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y que, simplemente la autoridad le ha dado largas al asunto.

Recordar que el 26 de agosto de 2009, las personas encapuchadas llevaban un perro raza Pastor Alemán, al que subieron hasta en tres ocasiones al automóvil para que detectara alguna droga, pero el animal no dio señales de haber encontrado estupefacientes.

No obstante lo anterior, uno de sus captores subió al auto a revisar, después de que el perro había olfateado el interior del vehículo, y encontró, según dijo, dos bolsas con cocaína.

El policía número 19197, Juan Carlos Loza Zaragoza, quien presumiblemente localizó la droga en el auto, aceptó en su declaración que no usó guantes para manipular la evidencia; además, afirmó que para transportar la droga hasta la Secretaría de Seguridad, la guardó en una bolsa de plástico que le dieron horas antes, cuando compró una torta.

Dellonce Miles narró que al momento de su detención, uno de los encapuchados lo encañonó con un arma larga, en la sien; lo tiraron al piso y lo esposaron.

Incluso, uno de los elementos se paró encima de él, mientras que a Lanka Ixchel la subían a la camioneta y sobre su regazo, dejaron que se sentara el perro.

“Estaba llorando por lo que me hacían y les decía que quitaran al perro, pero en lugar de eso, me gritaban que me callara porque si no, me iba a morder… cuando finalmente retiraron al animal, uno de ellos se sentó encima de mí y entre más me quejaba, más presionaba”, platica Ixchel Juárez.

Más de 9 meses han pasado desde que este caso se registró y simplemente no ha habido respuesta de quienes, se supone, deben ejercer la justicia.

El alcalde de Querétaro, Francisco Domínguez se comprometió a garantizar que se haría justicia pero nada ha sucedido.

Igual que se comprometieron las autoridades que tienen que ver con la impartición de justicia.

Por eso, Querétaro no puede presumir de ser una entidad donde la democracia prevalezca. es, en todo caso, un slogan y nada más.