Código Político. ¿Qué hacemos?

Sin embargo, lo que me llamó la atención fue el planteamiento puntual que hizo, sobre los 4 renglones sobre los que el gobierno colombiano trabajó desde entonces, para reducir significativamente (dijo que había bajado 80%) la presencia de la delincuencia organizada.

*Los 4 pasos

Primero, considerar que en la medida en que la delincuencia organizada logra avanzar y penetrar los tejidos de la sociedad, es porque también ha corrompido al aparato de justicia.

En consecuencia, apuntó el entrevistado (cuyo nombre, lamentablemente, no recuerdo) un paso fundamental es garantizar la integridad del aparato judicial, desde los mismos jueces hasta el policía de más reciente ingreso.

Segundo, proceder al blindaje de las ciudades y comunidades, aún teniéndose claro el agravante que representa para la población, en muchas ocasiones, el ser detenido para la revisión de su vehículo; la presencia policial en su colonia; los cercos que impiden, en momentos, el libre tránsito.

Tercero, la implementación inmediata de un programa de educación sobre lo que es la delincuencia organizada y como evitarla; y de la droga y cómo no depender de ella.

Esta formación deberá de brindarse, sin prejuicios ni tabúes, a estudiantes de primaria y secundaria pues son ellos -dicho crudamente- los futuros clientes de los delincuentes o, más aún, integrantes de esas bandas. Por eso es que desde ahora -como se hizo en Colombia- hay que formarlos para que eviten su involucramiento.

Finalmente, el cuarto paso es lograr que el gobierno mexicano convenza a su similar de Estados Unidos para que prohíba la venta de armas en la frontera de ambos países.

Es en el territorio estadounidense colindante con México, específicamente del lado de Texas y Tamaulipas, en donde mayor cantidad de armas se venden en todo el continente Americano. Y se venden con una facilidad pasmosa de tal manera que casi cualquier persona puede tener una en casa.

El otro paso es saber cómo logran pasar esas armas a territorio mexicano. La respuesta, muy seguramente tiene que ver con el primer punto de estos 4 expuestos.

*¿Y los periodistas?

Los trabajadores de la comunicación en Querétaro hoy enfrentamos algo desconocido pero que se ha vuelto cotidiano, infortunadamente, para colegas en otras entidades del país y, por supuesto, para los de Colombia.

Informar sobre hechos de violencia, de delincuencia organizada, de enfrentamientos armados, son cuestiones que elevan el riesgo de ser lastimado, agredido o incluso, hasta de perder la vida.

Claro está que no podemos, en aras de no ser difusores de los delincuentes, aceptar que los medios de comunicación sean censurados. Tampoco es de aceptarse el otro extremo, de incurrir en la irresponsabilidad de difundir -sin reflexión alguna- todo lo concerniente a estos grupos delincuenciales, solamente por oponerse a la censura y reivindicar la libertad de expresión.

Es, desde mi percepción, un asunto a discutir de inmediato entre el gremio periodístico. Es urgente porque no estamos frente a una situación común, cotidiana o conocida. Es, digámoslo así, una situación excepcional y como todas las condiciones excepcionales, requiere medidas igualmente excepcionales.

Hace 11 años, la experiencia en Colombia de los colegas periodistas, los llevó a la conclusión muy clara de sostener que era preferible perder una noticia antes que una vida.

El investigador y periodista, Raúl Trejo Delarbe, escribió hace dos años que en ese entonces, “los directivos de tres docenas de medios de comunicación establecieron un puntual ‘Acuerdo por la discreción’ para elevar la calidad y propiciar la responsabilidad en la cobertura periodística de hechos violentos”.

A iniciativa de la Facultad de Comunicación y Periodismo de la Universidad de La Sabana en Bogotá, ese acuerdo -que contiene 6 puntos- fue firmado por los medios colombianos en noviembre de 1999.

Transcribo, textualmente, esos puntos,

1. El cubrimiento informativo de actos violentos -ataques contra las poblaciones, masacres, secuestros y combates entre los bandos- será veraz, responsable

y equilibrado. Para cumplir con este propósito, cada medio definirá normas de actuación profesional que fomenten el periodismo de calidad y beneficien a su público.

2. No presentaremos rumores como si fueran hechos. La exactitud, que implica ponerlos en contexto, debe primar sobre la rapidez.

3. Fijaremos criterios claros sobre las transmisiones en directo, con el fin de mejorar la calidad de esa información y evitar que el medio sea manipulado por los violentos.

4. Por razones éticas y de responsabilidad social no presionaremos periodísticamente a los familiares de las víctimas de hechos violentos.

5. Estableceremos criterios de difusión y publicación de imágenes y fotografías que puedan generar repulsión en el público, contagio con la violencia o indiferencia ante ésta.

6. Respetaremos y fomentaremos el pluralismo ideológico, doctrinario y político.

El afán, pues, es llamar a la conciencia a medios de comunicación, a las instituciones educativas, específicamente a la Universidad Autónoma de Querétaro, así como al gobierno de la entidad, encabezado por José Calzada Rovirosa; al municipal que preside Francisco Domínguez Servién, y al legislativo, representado por Dalia Xóchitl Garrido.

El llamado es para asumir nuestras responsabilidades frente a una coyuntura que, reitero, no habíamos enfrentado, que ya tenemos aquí y que no debemos ocultar.

Es menester que toda la sociedad, sus representantes participen en un pacto -claro, abierto, explícito- a favor de la misma sociedad.