Código Político. Indecisiones legislativas

Viene a colación el asunto porque apenas el martes pasado, la investigadora Patricia Olamendi Torres vino a Querétaro y muy probablemente sin saber en qué condiciones se encuentra la discusión al seno de la 56 legislatura local, acusó indirectamente a la legislación local de solapar y, peor aún, fomentan, mantienen y justifican la violencia contra las mujeres.

Vale precisar que así como pasa en Querétaro se replica en otras 26 entidades porque en sus leyes se establece, entre otros preceptos, que cuando el agresor sexual de una mujer decide casarse con la víctima, el delito se extingue.

*Esclavitud solapada

La doctora en Derecho -quien participó en la elaboración del Protocolo Adicional contra la Tortura de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, de la Convención contra la Corrupción- estuvo en Querétaro para dictar una conferencia en el foro de análisis “El femenicidio: su contexto social y legislativo”.

Ante unas 200 mujeres y varios hombres, entre los que se encontraba Antonio Mejía, Patricia Olamendi dijo que 27 entidades mexicanas siguen permitiendo el matrimonio de niñas a los 14 y de niños a los 16, e incluso establecen que se puede dar un permiso para que a los 12 años se puedan casar.

Explicó que en casos de delitos como el rapto, en las leyes de 19 estados se establece que aquel que prive de la libertad a una mujer para satisfacer un deseo erótico-sexual puede casarse con la víctima y extinguir el delito, a pesar de que “hablamos de niñas de 11 y 12 años a 18 años”.

Lo mismo sucede con la figura del Estupro, en donde una niña mayor de 12 años, menor de 18, si tiene relaciones con un adulto y éste se casa con ella, se extingue la acción penal, aún cuando estamos hablando de relaciones que se inician producto de la violencia.

El colmo de la legislación mexicana es el mantener vigente el precepto de que a los 12 años de edad, una niña es apta para consentir una relación sexual.

El foro fue organizado por el Instituto Queretano de la Mujer y por la comisión de Justicia de la 56 legislatura del estado, con la finalidad de obtener puntos de vista y poder legislar sobre el feminicidio.

Olamendi agregó un argumento más para tipificar el delito de feminicidio. Una elevada proporción de niñas, después de una agresión sexual tan fuerte como es la violación corre el grave riesgo de morir por asfixia porque su cuerpo no resiste la presión del cuerpo de un adulto.

Si esto no es suficiente para tomar una decisión para legislar, entonces tendremos que decir que además de dejar pasar el tiempo, los diputados queretanos se vuelven cómplices y auspiciadores de este tipo de delitos. Tal como lo sostuvo Patricia Olamendi.

*¿Cuál familia?

Coincidentemente también la semana pasada, el congreso del estado enfrentó otro momento difícil: resolver en torno a la iniciativa de ley para reformar el artículo tercero de la constitución del estado de Querétaro.

Los diputados que forman parte de la comisión de la Familia, Salvador Martínez Ortiz, Micaela Rubio Méndez, Gerardo Cuanalo Santos y Pablo Ademir Castellanos Ramírez -todos ellos del Partido Acción Nacional (PAN)- aprobaron la referida iniciativa de ley.

El texto central de esta reforma especifica que “el Estado reconoce y protege la institución del matrimonio, entendiéndose como tal, aquella en la que se establece un vínculo jurídico por la unión de un hombre y una mujer, que con igualdad de derechos y obligaciones, son la base del nacimiento y estabilidad de una familia, así como la realización de una comunidad de vida plena y responsable”.

Refiere que “las autoridades estatales y las municipales promoverán la integración, el desarrollo y el fortalecimiento de la familia, sus fines de unidad, convivencia armónica, ayuda mutua y la preservación de los valores de la comunidad”.

Aprobar esta reforma implicaba, en los hechos, lanzar a la ilegalidad la multiplicidad de familias contemporáneas como las uniones libres, las madres y los padres solteros; la convivencia bajo un mismo techo de parientes (tíos, tías, sobrinos, hermanos) que son familia pero no matrimonio.

El fondo del asunto de esta iniciativa, más allá de lo que se quiera plantear, parte de la visión ideológica del diputado del blanquiazul, Salvador Martínez, quien abiertamente ha rechazado las uniones de parejas del mismo sexo.

De manera emboscada pretendió, con esta iniciativa de ley, establecer en la constitución queretana un candado para que desde ahora y por siempre no se abriera un solo resquicio para que este tipo de uniones no llegue a ser legal.

Es su punto de vista pero que quiso imponer, haciéndolo ley sin importarle el daño que con esta reforma podía causar a los derechos humanos de miles de queretanos, no por sus preferencias sexuales sino por contar con una familia que no sigue el patrón del núcleo tradicional.

Los diputados -la mayoría- actuaron con congruencia y evitaron que esa reforma pasara.

Vale la pena destacar también contribuyó una centena de activistas defensores de los derechos de las mujeres, quienes demandaron, con carteles y expresiones, no aprobar la reforma propuesta, lo que al final sucedió.

Rescatar estos dos sucesos registrado la semana recién concluida, tiene como objetivo llamar la atención en torno al comportamiento de nuestros diputados.

Más allá de filias y fobias partidistas, su forma de actuar nos deja en claro que muy poco conocen a la sociedad. Sus motivaciones político-partidistas los ciegan y hacen que prefieran la fidelidad a sus colores que escuchar a la comunidad.

Por eso seguimos muy, pero muy distanciados de los diputados que dicen ser nuestros representantes.