Mantienen demanda contra la PGR

Se consigna lo anterior en un comunicado enviado a la prensa por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organismo al que pertenecen los abogados defensores de ambas mujeres.

En el escrito, ratifican que continúa el proceso de demanda contra la Procuraduría General de la República (PGR) por reparación del daño de ellas 2 y de Jacinta Francisco marcial, a quien igualmente acusaron del mismo delito.

Alberta, Jacinta y Teresa fueron acusadas de secuestrar a seis miembros de la AFI, durante un operativo de decomiso de mercancía apócrifa realizado en el tianguis de Santiago Mezquititlán, en el municipio queretano de Amealco.

El juez cuarto de distrito les dictó sentencia condenatoria de 21 años de prisión. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2009, Jacinta salió de prisión al existir “duda razonable” sobre su culpabilidad, por falta de elementos de prueba.

Siete meses después, el 29 de abril de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erigió, por vez primera desde que fue reformada en 1994, en un tribunal de apelación para revisar una sentencia de un juez y emitir un veredicto de inocencia en favor de Alberta y Teresa, y ordenar su “absoluta e inmediata liberación”.

Al cumplir un año de haber recuperado su libertad, recibieron al gobernador José Calzada Rovirosa, quien aseguró que el otorgarles 450 mil de los 600 mil pesos que se requieren para montar un invernadero, además de capacitar de manera gratuita a Gabriel -esposo de Teresa y hermano de Alberta- era “un acto de justicia”.

Doce días después, el miércoles 18 de mayo, Calzada Rovirosa afirmó que ya estaba listo el apoyo que le brindará su gobierno a Jacinta Francisco Marcial, consistente en un congelador para la elaboración de paletas.

El centro Prodh sostiene que los apoyos gubernamentales “de ninguna manera pueden considerarse una reparación del daño. Teresa González, así como Alberta y Gabriel Alcántara, son ciudadanos en pleno goce de sus derechos, por ello son sujetos de participar en los diversos programas sociales que como parte de su trabajo implementan los distintos niveles de gobierno”.

La demanda de reparación del daño -en la que el Centro Prodh representa a ambas mujeres (así como la otra en la que representa a Jacinta Francisco Marcial)- busca en primera instancia “que la PGR reconozca plenamente la inocencia de las tres mujeres, que reconozca su equivocación y que tome medidas para evitar la repetición de hechos similares”.

La reparación pecuniaria -dice el Centro prodh- no es más que un símbolo de que hay un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, a quien le corresponderá pedir disculpas públicamente por los daños ocasionados a raíz del inicio de una averiguación previa sobre un delito que nunca existió.